Con 54 votos a favor y 30 en contra, el Senado de Colombia aprobó el cuestionado y criticado artículo 125 del Presupuesto General de la Nación para 2022, presentado por el Gobierno nacional, a través del cual se modifica la Ley de Garantías.
Esta polémica iniciativa, presentada por el Ministerio de Hacienda, busca dejar sin efecto la prohibición de los servidores públicos de celebrar convenios interadministrativos y de contratación directa a menos de cuatro meses de las elecciones en el país.
Durante el segundo debate del proyecto de ley, que busca asegurar el presupuesto para el próximo año por $350,3 millones y el cual contenía este y otros 163 artículos, se determinó que los convenios que se suscriban, los cuales se podrán realizar durante época electoral, tendrán un control especial por parte de la Contraloría General de la Nación.
“Modificar la Ley de garantías entrados ya en la campaña electoral no es conveniente. Hay también grandes dudas sobre la pertinencia de hacerlo a través del mecanismo escogido. Ojalá el Congreso tenga la sabiduría de no cometer ese error”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, quien ha manifestado su inconformidad con este artículo defendido por el Gobierno nacional.
En su momento, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, argumentó que con el fin de que no se vieran interrumpidas contrataciones, como las de infraestructura vial y proyectos de agua potable durante la época electoral, se impulsaba este artículo, que “no suspenderá la Ley de garantías”.
Este artículo, que dividió a las bancadas del Centro Democrático y de Cambio Radical para su votación, y el cual fue rechazado por diferentes sectores como los empresarios del país, deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes para su aval.
“Qué se podía esperar de las mayorías de un Senado que jamás ha representado intereses del pueblo colombiano. Acaban de hacerle el quiebre a la Ley de garantías para que entidades del Estado puedan contratar en medio de elecciones. ¡Otro golpe al corazón de la democracia!”, aseveró el precandidato presidencial Camilo Romero.
Por su parte, el líder de izquierda y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, advirtió que, “lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo partir de comprar votos con el erario”.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) había manifestado su preocupación frente al artículo presentado por el Gobierno nacional en el Proyecto de Presupuesto Nacional, con la cual se pretende suspender el artículo 38 de la Ley de Garantías.
“Con esta modificación, fundada en darle continuidad al proceso de reactivación económica y no limitar la ejecución de presupuesto de las autoridades territoriales, consideramos que no es conveniente ya que afecta el proceso de transparencia, garantías y objetividad en las elecciones, dado que estamos a puertas de la celebración de estas en el próximo 2022″, expresaron los empresarios en esa ocasión.
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