Un informe de ponencia radicado por el representante César Lorduy endurecería los requisitos de entrada para postular al cargo de Fiscal General de la Nación, con el fin de impedir el salto de cargos entre altos funcionarios de la nación.
Lo anterior porque se habría presentado un intento por favorecer al actual Contralor, Carlos Felipe Córdoba, para saltar de su cargo al de Fiscal General, según una primicia anunciada por el director del servicio informativo de BLU RADIO, Ricardo Ospina.
De acuerdo con la información provista por BLU RADIO: “La modificación de los requisitos para la elección de fiscal general de la Nación era para abrirle camino al actual contralor General, Carlos Felipe Córdoba, para que pudiera saltar de la Contraloría a la Fiscalía”.
En ese orden, el informativo señaló que el actual Contralor no contaba con la experiencia suficiente para acceder al cargo, por lo cual se intentó rebajar los requisitos de acceso para postular su currículo para ser fiscal, especialmente, su experiencia como abogado.
Lo anterior favorecería el intento de Córdoba para presentarse dado que carece de experiencia en este tipo de profesión.
No obstante, Lorduy radicó su informe el pasado lunes con lo cual se contuvo dicho intento de saltar de un cargo a otro, especialmente en el caso del Contralor al Fiscal General.
La proposición modificatoria del texto del proyecto, cuenta con los siguientes requisitos para aspirar al cargo:
- Ser ciudadano colombiano de nacimiento y en ejercicio
- No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos
- Tener título universitario de abogado
- Con experiencia mínima de 10 años
- Con experiencia profesional mínima, simultanea o complementaria no menos a 10 años en Ciencias Sociales, Humanas, Económicas, Financieras Administrativas o cómo docente universitario o por el mismo periodo
- Deberá contar con postgrado penal o a fines
Con estos requisitos quedó zanjada la polémica de salto entre cargos por parte de altos funcionarios del Estado. De ser aprobado, este proyecto necesita dos vueltas en Senado y Cámara.
Pasó a segundo debate la reforma a la justicia en el Legislativo
El proyecto de reforma constitucional a la justicia tuvo luz verde en el Congreso de la República el pasado 18 de octubre pese a la polémicas por ‘micos’ que facilitarían el salto de cargos entre altos funcionarios del estado.
El primer motivo de polémico consistió en un nuevo sistema de elección para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; mientras que otro que levantó críticas, es la creación de un órgano competente de investigación la cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La primera modificación, que incluiría cambiar un artículo de la Constitución Política, quitaría las facultades de conformación de listas al Consejo Superior de la Judicatura. Según expuso en audiencia pública la presidenta de esa corporación judicial, Gloria Stella López, ese proyecto iría en contra de la independencia judicial y al quitar la facultad reemplazaría a la Constitución.
El artículo es el 231 de la Constitución, el cual quedaría de la siguiente manera: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa convocatoria pública conforme al reglamento de cada una de ellas.”.
El otro punto álgido es aquel que otorga a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la capacidad para investigar al “Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Auditor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos”, según el artículo 2 del texto de ponencia para primer debate.
Para especialistas en el tema dicha función podría ampliar las funciones de control del Congreso sobre los órganos como el Ministerio Público y la Fiscalía; para otros no es idóneo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara ejerza esa labor por sus pocos antecedentes en la investigación y juicio político.
La sindical, Asonal Judicial, consideró que pasar la investigación de los órganos de control de la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación es una posibilidad de impunidad debido a que ese órgano de la Cámara es “inoperante”.
De momento, se espera la discusión en Plenaria para saber si la reforma judicial, con sus ‘micos’ y polémicas, será una realidad para el funcionamiento del sistema jurídico colombiano.
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