Los ‘micos’ aprobados y archivados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2022

Sobre la 1:00 de la madrugada finalizó la votación de los artículos nuevos, la mayoría sin aval del Gobierno nacional, que fueron propuestos para modificar el texto original en la Cámara de Representantes. La mayoría de los artículos de la ponencia mayoritaria para el debate ya habían sido aprobados en las dos cámaras del Congreso.

Así las cosas, el Presupuesto General de la Nación para el año 2022 fue aprobado por un monto de 350.4 billones de pesos, lo que significa un incremento de 5,3% con respecto al del año anterior. Es decir que habrá un aumento de $11 billones con respecto a 2021, para un total de $69,6 billones más en inversión pública.

Pese a la oposición y el rechazo de diversos sectores, tanto de las bancadas de Gobierno como de las que se oponen, la suspensión de la ley de Garantías durante el próximo año fue aprobada por mayoría. Así las cosas, las entidades territoriales podrán celebrar contratos interadministrativos con los dineros del presupuesto sin restricción durante la temporada electoral. Sin embargo, dichos contratos tendrán especial revisión de la Contraloría General de la República.

Inicialmente, de acuerdo con el diario El Tiempo, se votó un grupo de artículos como se encontraban en la ponencia mayoritaria correspondientes a los números: 1,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 130, 131, 135, 138 y 139.

El artículo 2 contaba con numerosas proposiciones aditivas para modificar los porcentajes de presupuestos destinados a los gastos de inversión, funcionamiento y deuda pública.

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Mauricio Toro denunció que se había incluido un artículo nuevo en la ponencia que permitía la venta de bienes incautados al narcotráfico por debajo de su avalúo, ignorando el precio comercial.

El representante calificó como un “orangután” la propuesta porque eliminaba el límite de vente de mínimo el 70% del valor comercial. “Hoy cuando se va a vender un activo, se tiene que realizar un avalúo comercial y a partir de ahí, se hace la venta del activo, pero lo que quieren aprobar es todo lo contrario, ignorar el valor comercial, para poder vender a cualquier precio que se les antoje. Esto parece un mandado a los narcotraficantes. Recuerden los muchísimos casos de corrupción que hemos visto en el manejo de los bienes incautados a las mafias”, señaló.

Su proposición para eliminar ese artículo logró el aval del Gobierno nacional. El viceministro de Hacienda señaló que de haber conocido los argumentos, el artículo no habría sido incluido en la ponencia, por lo que finalmente fue eliminado para su votación.

Otro de los artículos que despertó polémica y finalmente fue aprobado, fue el 118 que introdujo como nuevo la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Ese apartado introduce un nuevo esquema de pago contingente al ingreso de la deuda de los estudiantes que accedieron a créditos del Icetex.

Los deudores cuestionaron el artículo y solicitaron que fuera eliminado. Aseguran que establece una tasa de interés del 8%, superior a la que se establece hoy día que es IPC + 3 y además amplía la prescripción a 20 años, cuando existe una ley aprobada que no está en firme en la que ese límite se fijó en 5 años.

El senador Rodrigo Lara votó negativamente la ponencia mayoritaria por lo que llamó dos micos, la suspensión de la Ley de Garantías, y el artículo 118. “Quieren esclavizar a los jóvenes de Colombia a 20 años con el engaño de que van a obtener una cuota proporcional al ingreso. ¿Qué pasa cuando la deuda se demora 20 años? Pues lógicamente que pueden bajar el aporte que hacen los muchachos en su cuota mensual, lo que no le dicen a los muchachos, es que básicamente hacen aportes menores al pago de intereses y no de capital”, señaló el senador.

El artículo pasó en el Senado y en la Cámara ganó una proposición para eliminarlo, que generó discusiones por el resultado de la votación en aparente confusión de los representantes. Deberá pasar a la conciliación para conocer si se mantiene o elimina el artículo finalmente.

Así mismo, el artículo 78 fue aprobado en ambas cámaras y ha generado preocupación entre la ciudadanía. Varios senadores, como Aida Avella y el representante David Racero, así como Milton Rodríguez, propusieron eliminarlo, pero finalmente se aprobó.

El artículo fue descrito como una “expropiación”, debido a que establece que “los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR, serán transferidos por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Según sostuvieron los ponentes, se trata de saldos que asciende a un valor cercano a los 93.000 pesos. Esas cuentas que lleven más de un año sin movimiento, llegarán a las apropiaciones del Tesoro Nacional

El artículo agrega que “cuando el titular del depósito solicite la activación o la cancelación del saldo inactivo ante la entidad financiera, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional reintegrará al prestamista la suma correspondiente con los rendimientos respectivos, de acuerdo con los intereses que el depósito devengaba en la entidad financiera como cuenta inactiva, de conformidad con las disposiciones vigentes”.

El artículo del traslado exprés de fondos de pensiones privados a Colpensiones quedó finalmente eliminado del Presupuesto General de la Nación. Fue el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, quien promovió el hundimiento del polémico artículo 104 al radicar una proposición que fue acogido por las bancadas.

Según el representante, el impacto fiscal de esa propuesta ascendía a 3,8 billones de pesos y beneficiaba a 19.000 personas. Desde que surtió su primer paso en comisiones conjuntas, las ‘transferencias exprés’ motivaron el rechazo de los fondos de pensiones y de voces en la sociedad civil por alterar el sistema colombiano.

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