El poder de los nuevos paramilitares en Antioquia: presencia en 112 municipios y con la misma cantidad de armas de las AUC

Antioquia es el segundo departamento con más número de masacres, después del Cauca, a lo que se suman otros hechos como desplazamientos y homicidios que afectan a su población. De acuerdo con un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos, la situación se debe a la presencia y poder de grupos paramilitares que tienen connivencia con las fuerzas del Estado.

El análisis de la situación de conflicto en Antioquia durante el año 2020 fue presentado en el informe ‘La paz confinada’, elaborado por las organizaciones Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, y publicado en las últimas semanas.

De acuerdo con el documento, durante el año pasado, el departamento antioqueño fue el primero en número de masacres con 24 casos que dejaron un total de 92 víctimas; ocurridas principalmente en los municipios de Cáceres (7), Caucasia (5), Tarazá (4), Andes (2), Salgar (2), Betania (1), Támesis (1), Ciudad Bolívar (1) y Venecia (1).

El análisis señala que “todas las masacres fueron perpetradas por las estructuras paramilitares: Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC, Caparrapos y Oficina del Valle de Aburrá - OVA. En tal sentido es importante indagar por la posible responsabilidad por acción u omisión de la fuerza pública en estos hechos acontecidos”.

De acuerdo con el informe, durante ese año se presentaron 2.012 homicidios que solo aumentó en el suroeste y el de mayor incidencia es el Bajo Cauca. Agrega que se denunciaron 411 casos de desapariciones forzadas y 6.412 personas fueron víctimas de desplazamiento.

El informe señala que el grupo armado más poderoso en el departamento corresponde a las AGC. “Su presencia se extiende desde el Urabá hacia el resto del departamento hasta consolidarse en al menos 90% de los 125 municipios de Antioquia. Capacidad que obtienen también bajo subestructuras criminales y violentas.

Las organizaciones sostienen que pese a las múltiples denuncias y llamados al Estado para que atendiera a las comunidades afectadas que “en medio del confinamiento podían observar cómo los paramilitares especialmente en el Bajo Cauca se movían sin restricción alguna. Esto en un territorio donde hay más de 5000 efectivos de la Policía y el Ejército Nacional. Aunque el gobierno nacional creó en agosto de 2020 la “Unidad especial para identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos, con cobertura a nivel nacional y que está integrada por Policía, Fuerzas Militares y Fiscalía” (Ministerio de Defensa, 2020) las masacres continúan presentándose”, sostuvieron.

Durante ese año, de acuerdo con el informe, se registraron 27 homicidios de defensores de derechos humanos. La mayoría, 11, son atribuidos a las AGC, cinco a los Caparrapos, uno al Clan Isaza y otro presuntamente al Ejército.

Además, registraron 119 amenazas que buscaban silenciar a los defensores de derechos humanos en el departamento, de las cuales el 17% fueron colectivas. Así mismo se identificaron 191 agresiones en total, 32 contra hombres y 24 contra mujeres, que se suman a casos de detenciones arbitrarias, homicidios, desplazamientos, entre otras.

De estas situaciones, según las organizaciones, las AGC y las fuerzas del Estado son las principales responsables. “Todas las agresiones que se registran en el departamento, tienen como principal agresor al Estado colombiano, la omisión absoluta hacia brindar todas las garantías a una crisis ampliamente probada por el crecimiento de la violencia socio-política, revelan esa constante desidia estatal”, señalaron.

En términos de porcentajes, el documento sostiene que el 54% de las agresiones son atribuidas a grupos paramilitares, 16% a la Policía Nacional, 16% no tiene actor establecido, 7% posiblemente fueron cometidos por el Ejército y 1% es atribuido a grupos de disidencias y ELN.

Según dijo Astrid Torres, de la Corporación Libertad a Noticias Uno, la expansión de los grupos armados no se explica sino en función de alianzas y nexos con los agentes del Estado, quienes actúen en connivencia con sus acciones delictivas. Pues, por ejemplo, en el Bajo Cauca tienen hasta 5.000 efectivos y es la más afectada por el conflicto. Además, que estos grupos cuentan con la mismas cantidad de armas que en 2002.

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