Este domingo 17 de octubre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lideró acciones judiciales contra dos determinadas acciones que afectan los recursos naturales en los departamentos de Boyacá y Bolívar.
En las actividades realizadas de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Ministerio de Ambiente fueron capturados y presentados ante jueces de control de garantías siete presuntos articuladores de los ilícitos.
En primera instancia, se llevó a cabo un trabajo investigativo y operativo dirigido por la Fiscalía y contra las estructuras criminales vinculadas a la deforestación indiscriminada, con el que se logró la desarticulación de una red delictiva, con la captura y judicialización de cinco personas, que presuntamente venían realizando la tala masiva de bosques en la reserva forestal del río Magdalena, en Santa Rosa del Sur (Bolívar).
“Las evidencias recaudadas dan cuenta de que la madera obtenida en este sitio al parecer era utilizada por los hoy procesados para la construcción de socavones destinados a labores mineras ilegales de grupos al margen de la ley”, informó el ente investigador.
Al mismo tiempo, precisó que los investigadores determinaron que en el lugar, protegido por las entidades ambientales, la red ilegal venía causando graves daños ambientales y a los recursos naturales, como la contaminación a las fuentes hídricas y el desabastecimiento de agua para el acueducto municipal de esa población.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados los delitos de ilícito aprovechamiento a los recursos naturales renovables; daño en los recursos naturales renovables; daño en los recursos naturales; contaminación ambiental; invasión de área de especial importancia ecológica; y concierto para delinquir.
Las capturas de estas personas se hicieron efectivas a través de órdenes judiciales, en Barrancabermeja (Santander).
Por otro lado, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) intervino una mina de carbón en la modalidad de socavón, que estaría funcionando sin los permisos de ley en Sativanorte (Boyacá).
“En el lugar se constató la tala indiscriminada, además del vertimiento de residuos líquidos que habrían deteriorado la vegetación, el suelo y las fuentes hídricas”, informó la Fiscalía y al mismo tiempo aseguró que en dicho caso, dos personas fueron capturadas en flagrancia y judicializadas.
Además, en relación con el caso anterior, la autoridad administrativa adelantó las acciones para evitar el funcionamiento de este frente de extracción. De acuerdo con el ente acusatorio, los procesados fueron imputados por los delitos de daño a los recursos naturales, explotación ilícita de yacimiento minero y contaminación.
Cabe recordar que, el Ministerio de Ambiente de Colombia y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentaron en julio pasado las cifras de monitoreo de bosque y deforestación durante 2020 en las que se evidenció un incremento del 8 % en la deforestación en el país.
El jefe de cartera, Carlos Eduardo Correa, señaló que durante el año anterior, en medio de la contingencia por el covid-19, se deforestaron en el país 171.685 hectáreas de bosques, lo que representan 12.791 hectáreas más que las registradas durante 2019.
“El año de mayor deforestación en Colombia en la historia fue el 2017. En el 2020 aumentó el 8 %, pero hoy hay una tendencia de reducción positiva en el primer trimestre del 2021″, aseguró el ministro Correa.
Según los datos de las autoridades ambientales, el 70 % de la deforestación en el país se concentra particularmente en cinco departamentos: Meta, Guaviare, Antioquia, Caquetá y Putumayo, siendo la región de la Amazonía la más afectada por este flagelo con un aumento de 11.000 hectáreas durante 2020.
Asimismo, la cartera de Ambiente aseguró que las principales causas de deforestación en el país son la praderización para acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura y transporte no planificada, cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.
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