Víctimas buscan que fecha de la Operación Orión se convierta en el ‘Día de la Memoria’ en Medellín

Este 16 de septiembre se cumplen 19 años de la cuestionada Operación Orión en Medellín. Líderes sociales, familiares de las víctimas y la comunidad en general asistieron a un evento con actos culturales para conmemorar la fecha.

Los ciudadanos de la zona donde se realizó el operativo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, aseguraron que siguen en busca de respuestas sobre los asesinatos y desapariciones que ocurrieron durante la toma de las autoridades del barrio San Javier en la Comuna 13.

El evento para conmemorar los 19 años de la Operación Orión fue convocado por el Museo Escolar de la Memoria Comuna 13 y se realizó en la institución educativa Eduardo Santos.

“Hay que continuar buscando la verdad, seguir buscando los desaparecidos en la escombrera, hay que buscar por todos los medios una reparación mínimamente simbólica a título de las familias que perdieron a su gente, y decirle al gobierno que estos sucesos de terror no vuelvan a suceder”, dijo en el evento Manuel López, director del Museo Escolar.

El museo tiene como objetivo construir procesos de recuperación de la memoria colectiva y conservación de la memoria histórica de la Comuna 13.

De acuerdo con Blu Radio, durante el evento el director del museo y rector de la institución educativa Eduardo Santos, dio a conocer el manifiesto público de la Red Territorial de Memorias Comuna 13.

Al menos doce organizaciones sociales que trabajan para conservar la memoria y llevar el legado a las nuevas generaciones en torno a la historia de este sector de la ciudad afectado por la violencia, hacen parte de esa red.

En el desarrollo de la conmemoración, la Red Territorial de Memorias Comuna 13 además aseguró que buscará que la fecha de la Operación Orion se convierta en el ‘Día de la Memoria’ en Medellín.

Con esto además se pretende que el Gobierno Nacional ponga más atención y esfuerzo para esclarecer o ocurrido esos dos días que duró el operativo.

“Buscamos acompañar los ejercicios de memoria de las organizaciones entre ellas la búsqueda de los desaparecidos en las dos escombreras altos del sol y la esa en la Comuna 13, pero desafortunadamente no ha habido voluntad política del estado para hacerlo posible”, afirmó Aka, integrante de Agroarte Colombia y uno de los jóvenes que vieron con sus propios ojos cómo desaparecían sus amigos en la operación.

La CIDH juzgará a Colombia por una desaparición forzada durante la Operación Orión

El mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Arles Edisson Guzmán Medina, desaparecido en el marco de la Operación Orión.

La Comisión determinó que se trató de una desaparición forzada tomando en cuenta que fue raptado de un restaurante por dos personas identificadas como paramilitares, supuestamente para ser interrogado por un comandante, durante la operación encabezada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Respecto al elemento de intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia, el contexto específico de colaboración en la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos, así como la actuación de la fiscalía y agentes estatales en el presente caso”, asegura el comunicado de prensa.

La Comisión tomó en cuenta que el control de la zona por grupos paramilitares en ese año fue posible justamente por medio de la ejecución de la Operación Orión.

“En el marco de dicho operativo se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. Órganos nacionales, así como autoridades judiciales en el marco de la jurisdicción de justicia y paz, indicaron que la operación fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional”, dice la publicación.

Así mismo el órgano internacional aseguró que con respecto de la negativa de reconocer la detención, se observó que, en el contexto de consentimiento en el que se dieron los hechos no consta que el Estado haya realizado diligencia alguna para proporcionar una respuesta sobre el paradero de la víctima.

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