Piden a la Corte Penal Internacional mantener investigaciones en Colombia

El jueves pasado, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, hizo pública una carta con fecha del 30 de septiembre dirigida para Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, que aborda puntos del caso Colombia. Esta fue solicitada por el tribunal para guiar su determinación sobre si se inicia una investigación formal en el país o, por el contrario, se concluye la investigación preliminar actual.

Frente a este dilema, Human Rights Watch tomó la determinación de defender que se mantengan las investigaciones en Colombia. Esto, debido al riesgo que corre la aplicación de la justicia en el territorio si los entes perciben que no existe un monitoreo del tribunal internacional en caso de una conclusión prematura de las investigaciones.

En la carta, que argumenta varios aspectos del dilema, se habla de la “madurez” de la decisión que debe tomar la CPI como principal preocupación. Por esto, la organización representada por Vivanco tomó partido desde etapas tempranas de la misiva.

“Cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, resultaría prematuro y contraproducente para el objetivo de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de los graves delitos internacionales que la Fiscalía ha analizado desde que abrió el examen preliminar sobre Colombia en 2004″, aseveró la organización estadounidense.

Por esto, HRW considera que se debe mantener el examen preliminar y, a su vez, se deberían intensificar esfuerzos para “interactuar con las autoridades nacionales, las asociaciones de víctimas y sus representantes, otras organizaciones de la sociedad civil, los socios internacionales de Colombia y otras partes interesadas en las acciones tendientes a asegurar que existan procesos nacionales genuinos en el país”, añadió.

Vivanco rechazó la ‘amnistía general’ de Uribe

En el mismo documento, Vivanco resaltó los últimos avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las 26 imputaciones en el caso de los falsos positivos y los 8 excombatientes responsabilizados por delitos como toma de rehenes. Sin embargo, evidenció que las autoridades de la justicia ordinaria colombiana han conseguido “pocos avances significativos” en términos de delitos sexuales, de género y expansión de grupos paramilitares.

Además, por la injerencia de actores políticos opositores al Acuerdo de Paz, también resalta una fragilidad en la JEP que se debe proteger. Según HRW, después de que Álvaro Uribe Vélez propusiera la ‘amnistía general’, que hasta Gustavo Petro apoyó parcialmente, el líder político del presidente Iván Duque propuso reformar la JEP y bajarle penas a soldados.

“Las propuestas que planteó Uribe forman parte de un patrón de acciones impulsadas por el partido gobernante, el Centro Democrático, para obstaculizar los avances de la JEP; entre otras medidas, con el veto de una ley fundamental para el funcionamiento de la Jurisdicción, reformas que parecen diseñadas a socavar el trabajo del sistema de justicia y declaraciones que parecen orientadas a desprestigiar o intimidar a la JEP y afectar la legitimidad de sus decisiones”, indicó la organización representada por Vivanco.

Las autoridades querían mantener a la CPI “bajo control”

En la misiva, HRW también anotó que se debe evaluar que existan procesos eficaces de la CPI en Colombia para tomar una decisión madura sobre los casos abiertos en dicho territorio. Como evidencia de que los esfuerzos no cuentan con frutos suficientes, la organización citó un aparte de un reporte del tribunal que da cuenta de la poca colaboración de las autoridades colombianas.

“La Fiscalía reconoce que incluso ‘en el punto más bajo de [su] relación [con las autoridades colombianas], parecía por momentos que a nivel nacional se estaba haciendo el mínimo absoluto a fin de mantener a la CPI ‘bajo control’'. Asegurar que existan avances suficientes a nivel interno antes de concluir su evaluación de admisibilidad es clave para evitar ese resultado”, indicó la organización.

Entre otras cosas, la organización representada por Vivanco también destacó que en Colombia existen altibajos en el contexto nacional que podrían aumentar o disminuir la voluntad política de llevar a cabo procedimientos genuinos.

En el análisis, la supranacional estadounidense también destacó logros de la Fiscalía para impulsar medidas positivas en Colombia. Estas se enfocaron en frenar propuestas legislativas que podían significar obstáculos para la JEP y posibles repercusiones legales enfocadas únicamente en mandos bajos y medios del Ejército.

Además, anotó que, de dar por terminado el examen preliminar, la CPI tendría mucha menos influencia en Colombia. Esto, en un futuro, significaría menos posibilidades de volver a iniciar un proceso contra el país.

“Dada la carga de trabajo global que tiene la Fiscalía de la CPI, las sugerencias de que esta podría ‘reabrir’ el examen preliminar una vez cerrado, e iniciar una investigación, probablemente se reciban como amenazas poco creíbles”, sentenció Vivanco.

Al final de la misiva, en la que expresa respeto por la CPI, reitera la recomendación de que el examen preliminar permanezca abierto y se comprometió en esfuerzos para que los Estados cooperen brindando recursos necesarios para el tribunal internacional.

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