Denuncian recrudecimiento de los enfrentamientos entre bandas armadas en Buenaventura

Diferentes organizaciones y medios de Buenaventura continúan denunciando una nueva ola de violencia en el distrito. La situación se debe a enfrentamientos entre bandas criminales que han obligado a la población a elegir entre una de dos opciones: abandonar el principal puerto de Colombia, o permanecer encerrados en sus casas.

Según un comunicado público redactado por el Observatorio sobre niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado de esa población del Pacífico, la situación es especialmente cruda en los barrios de la comuna 7 como San Francisco de Asís, Kennedy, San Luis, Municipal Rockefeller, Juan XXIII, Eucarístico y 14 de julio, pero también en otros como Olímpico, Bellavista, Independencia, La Fortaleza, 12 de Abril, Cascajal, Los Pinos, Cristal, El Oriente, San Antonio y Miramar.

La organización manifestó “su preocupación por los hechos de violencia registrados en los últimos días en las comunidades y barrios de los cuales hemos tenido información, del mismo modo en medio esta crisis nos preocupan principalmente los riesgos y vulneraciones de derechos a los que quedan expuestos las niñas, niños, adolescentes y jóvenes producto de estas disputas territoriales”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos enfrentamientos se han convertido en balaceras reportadas por la comunidad a medios locales como La Opinión o Noticias al Punto. De hecho, el primero de esos medios relató a través de su página de Facebook que las calles de los barrios mencionados están desoladas porque los “moradores decidieron dejar sus casas, por salir a buscar un lugar mejor, porque creen que ya no hay garantías para vivir”.

Tal situación se extiende mucho más allá del casco urbano de Buenaventura. De acuerdo con el Observatorio, mientras algunos tratan de abandonar sus casas en la ciudad, por lo menos otras 130 personas han llegado desplazadas desde el río Cajambre a causa de la fuerte presencia de actores armados. Igualmente, se reporta que la ola de violencia está provocando confinamientos en las comunidades ubicadas a lo largo del litoral del río San Juan.

Igualmente, la entidad recordó que las riñas entre actores armados “afectan directamente a los niños, niñas, adolescentes, quienes vienen siendo objeto directo de amenazas a la vida, desplazamiento forzado, violencia, abuso sexual, uso y reclutamiento por parte de actores armados, donde además se suman las restricciones persistentes para las y los habitantes de estos barrios que por temas de seguridad prefieren hacer las denuncias de manera anónima”.

Los responsables de estas problemáticas serían los mencionados por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 003-21, emitida desde el 29 de enero de este año. En la misma se menciona a grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las Farc y las pandillas conocidas como Los Shotas, Los Espartanos y La Local.

Estas tres últimas ya habían sido noticia a inicios de la semana, luego de que la Personería de la población vallecaucana denunciara dos intentos de fuga registrado en la estación de Policía del barrio Obrero. La misma se dio entre entre internos pertenecientes a las subestructuras Los Shotas y Los Espartanos, quienes se confrontan por el dominio del narcotráfico y el contrabando en el territorio, tras haberse desligado de La Local. Los enfrentamientos, que se dieron a rocas arrancadas del edificio, puños y patadas, dejó 11 heridos y requirió hasta de la intervención del Esmad.

Con todo, desde el Observatorio exigieron a todos los actores armados “el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando en la garantía vehemente por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Igualmente pidieron al Gobierno Distrital de Buenaventura, garantizar la seguridad de las comunidades afectadas buscar alternativas y mecanismos de prevención de violencia.

Algunas acciones sugeridas fueron el acompañamiento desde enfoques diferenciales, la actualización de datos e identificación de la población y los censos requeridos para establecer acciones de protección y priorización para la población.

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