Partido Comunes exigió garantías de seguridad para sus campañas electorales de 2022

El senador Carlos Antonio Lozada, miembro del Partido Comunes, antiguamente conocido como Partido Farc, expresó este jueves 14 de octubre su preocupación por la seguridad de la que gozarán los miembros del mismo durante las elecciones presidenciales y al Congreso de la República, que se realizarán en 2022.

Según citó Caracol Radio, el excomandante de la guerrilla de las Farc manifestó que “Nos preocupa cómo se vienen incrementando nuevamente los asesinatos, los atentados y las amenazas contra los exguerrilleros. Todo esto ad portas de un proceso electoral, en el cual desde ya podemos decir que los integrantes del Partido Comunes no vemos garantías de seguridad, para desplazarnos libremente por el territorio, a realizar nuestra campaña electoral”.

La alerta del hoy congresista hace referencia a un problema cada vez más visible en el país: la muerte de excombatientes que firmaron el acuerdo de paz, a manos de disidencias, otras guerrillas, grupos paramilitares y hasta el Ejército. De hecho, horas después de dar esas declaraciones, el propio Lozada confirmó el homicidio de una exguerrillera más.

“Nos informan del asesinato de una más de nosotros, María Steffania Muñoz Villa, en la zona rural del municipio de Buenos Aires, Cauca. Otro crimen contra la Paz y el gobierno de Iván Duque ni una palabra al respecto”, señaló el político a través de su cuenta de Twitter.

Según el partido, Muñoz sería la víctima fatal número 288 tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. Además, era compañera sentimental del reincorporado Yorbis Valencia Carabalí, también asesinado el 25 de julio en el mismo municipio.

El hecho también lo confirmó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que señaló que con la excombatiente serían en realidad 289 víctimas desde 2016 y 40 en lo corrido de este año. La misma entidad confirmó que el asesinato se registró hacia las 8:30 de la mañana de hoy en la vereda Mazamorreros, donde fue interceptada por hombres armados que dispararon contra ella y su sobrina menor de edad.

Si bien Muñoz no era política, y se encontraba en proceso de reincorporación en el ETCR de La Elvira, su muerte, así como la de los otros 288 exguerrilleros, son prueba de una violencia sistemática contra quienes fueran miembros de la guerrilla más grande del país. Lo anterior, a su vez, justifica los llamados de Lozada, quien, aseguró, ya presentó el reclamo ante la segunda Misión de Naciones Unidas en el país.

“Más allá de lo que sale el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, a mostrar supuestos grandes avances, la realidad que tenemos aquí en Colombia es que a 5 años de la firma del acuerdo, estamos siendo estigmatizados, señalados incluso de seguir perteneciendo a una organización ilegal”.

Valga recordar que el partido ya había señalado a inicios de esta semana que lo sucedido es el resultado directo de la falta de implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Iván Duque, “quien con su muy publicitada Paz con Legalidad trata de presentar a la sociedad colombiana y la comunidad internacional un cumplimiento del acuerdo que es sólo un maquillaje que pretende ocultar la realidad de un desinterés total para atacar las causas estructurales del conflicto armado”.

Los excombatientes aseguran que en múltiples ocasiones desde la jefatura del Estado se han encargado de entorpecer los procesos de protección para los firmantes de paz al desfinanciar la Subdirección de la Unidad Nacional de Protección encargada de su seguridad. Adicionalmente, cuentan que el gobierno se ha negado a dar vida a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, responsables del mayor número de crímenes tras la firma del Acuerdo y no ha garantizado el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

“A esto debe sumarse la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de incumplimientos señalados y la conminación al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que implementen medidas eficaces que garanticen la vida de quienes hemos creído en la Paz”, concluye Comunes.

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