Desde hace dos semanas Liliana de Cote está lista para reemplazar al exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros del Centro Democrático quien el pasado 8 de septiembre renunció entre lágrimas a su curul para afrontar el proceso penal que inició la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción en Santander cuando Richard Aguilar era Gobernador.
Sin embargo, de Cote no se ha posesionado porque en el legislativo no se ha aclarado si en el caso de Ballesteros debería aplicarse la silla vacía, figura que sanciona a los partidos políticos prohibiendo delegar reemplazos para esa curul.
Esta figura aplica desde 2009 con el Acto Legislativo 01 cuando se indicó que la responsabilidad por casos de corrupción, narcotráfico y parapolítica debía caer en los partidos y no en el congresista, ya que fueron las colectividades las que avalaron el ingreso de las personas condenadas.
Sin embargo, el excongresista Edwin Ballestero no ha sido ni capturado ni condenado por los delitos que se le acusan, por ende, para solucionar el tema, la Cámara de Representante le pidió a la Fiscalía General de la Nación (quien ahora tiene el caso tras la renuncia del excongresista) aclarar si aplica o no la figura. Hasta ahora no hay respuesta por lo que la llegada de Liliana de Cote, siguiente en la lista del Centro Democrático, está en veremos.
En este caso podría repetirse el escenario del expresidente Álvaro Uribe que a pesar de haber renunciado y tener un proceso primero en la Corte Suprema y luego en la Fiscalía por la dimisión, no había sido condenado, por lo que se pudo reemplazar su curul con Milla Romero Soto. Además el caso de Uribe no es por corrupción si no por presunta manipulación de testigos.
En el otro lado está el exgobernador y exsenador Richard Aguilar quien fue capturado por orden de la Corte Suprema como medida preventiva mientras avanza el proceso, aunque ahora su caso lo tiene la Fiscalía tras su renuncia al Senado. En este caso tampoco se ha podido reemplazar la curul de Cambio Radical con Juliana Escalante por la misma razón, ya que no se ha establecido si la figura aplica o no. Sin embargo, como fue capturado por los presuntos hechos de corrupción, es probable que sí aplique como le pasó a Dilian Francisca Toro cuando era parte del Congreso.
El pasado 6 de octubre, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el excongresista Richard Aguilar, capturado hace unas semanas por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El también exgobernador del departamento de Santander deberá responder ant por los delitos antes descritos y que fueron oficializados en el texto de acusación presentado por el ente imputador a la Corte.
De acuerdo con lo que precisó la Corte cuando tenía el caso, Aguilar habría destinado los contratos para beneficiar a sus amigos y familiares en los convenios pactados en obras civiles y la alimentación de niños de colegios santandereanos mediante el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
En ese sentido, les habría otorgado hasta el 10% de cada proyecto y habría beneficiado a Alfonso López, quien se encargó de la reestructuración del estadio, así como la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, contrato suscrito en febrero de 2014.
Los dineros que sus allegados habrían obtenido con ese monto ascienden a los 15.278 millones de pesos. Por lo que la Fiscalía, recopilando toda la información, evidenció que “el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos” sería la prueba reina de que “el exgobernador Aguilar Villa habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos”, reza el documento.
SIGA LEYENDO