Comunes responsabiliza al Gobierno de Iván Duque por atentados contra firmantes de paz

El partido político de los excombatientes de las Farc, Comunes, rechazó vehementemente el atentado perpetrado el martes, 12 de octubre, contra Jhon Jairo Moreno (Antonio Pardo), en la ciudad de Popayán, Cauca. Aseguran, que este firmante de paz lidera procesos de reincorporación y construcción de paz en el suroccidente colombiano como la Mesa Nacional de Café, el Refugio por la Vida y por la Paz y el Consejo Nacional de Reincorporación para el suroccidente.

El partido indica que lo sucedido es el resultado directo de la falta de implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Iván Duque, “quien con su muy publicitada Paz con Legalidad trata de presentar a la sociedad colombiana y la comunidad internacional un cumplimiento del acuerdo que es sólo un maquillaje que pretende ocultar la realidad de un desinterés total para atacar las causas estructurales del conflicto armado”.

Los excombatientes aseguran que en múltiples ocasiones desde la jefatura del Estado se han encargado de entorpecer los procesos de protección para los firmantes de paz al desfinanciar la Subdirección de la Unidad Nacional de Protección encargada de su seguridad. Adicionalmente, cuentan que el gobierno se ha negado a dar vida a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, responsables del mayor número de crímenes tras la firma del Acuerdo y no ha garantizado el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

“A esto debe sumarse la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de incumplimientos señalados y la conminación al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que implementen medidas eficaces que garanticen la vida de quienes hemos creído en la Paz”, dice Comunes.

Este mismo día, Rodrigo Londoño, jefe político de Comunes, y otros excombatientes, reiteraron su intención de reparar a las víctimas. Aseguraron que desde el 27 de septiembre la Sala de Reconocimiento de la JEP inició una serie de audiencias de escucha a las víctimas acreditadas en el caso 001, que investiga los secuestros cometidos por las antiguas Farc en el marco del conflicto.

“Interesados por oír lo que las víctimas tienen por decir después de 3 años de iniciarse el caso, solicitamos a la Sala nos permitiera ver de manera virtual dichas diligencias, a lo cual el despacho accedió. Desde entonces, hasta el día de hoy hemos estado prestando cuidadosa atención a lo que de viva voz cuentan las víctimas, sobre esto, en el marco de lo que fue una política que hemos reconocido en diferentes ocasiones, y reiteramos, nunca debió ocurrir y, razón por la cual hemos pedido y seguiremos pidiendo perdón a las víctimas y a sus familias”, informaron los excombatientes.

Afirman que desde el inicio del proceso, han tenido la oportunidad de escuchar las reacciones de las víctimas y que son justos sus reclamos los que han guiado nuestro actuar en la jurisdicción, pues poco a poco hemos entendido que no basta con reconocer política de privaciones a la libertad, ni tampoco es suficiente decir: “sí, esto ocurrió”.

Los exFarc, aceptaron que su política de secuestro constituyó crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Esta nueva oportunidad de escucha nos permite, no a través de un escrito, sino a través de la propia voz de quienes sufrieron los vejámenes del secuestro, darnos cuenta que debemos seguir trabajando para crear vínculos, a través de la palabra, que hoy en día es nuestra única arma, que permitan a quienes han luchado todos estos años porque su dolor sea reconocido, sentirse plenamente reparados”, señalaron los exjefes guerrilleros.

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