“Vamos a revisar cada uno de los contratos de Centros Poblados”: contralor Felipe Córdoba

Este martes 12 de octubre, la Contraloría General de la Nación aseguró que mirará con lupa la ejecución de 234 contratos, por $1.1 billones, que han tenido socios de Centros Poblados.

En ese sentido, el vicecontralor general, Julián Ruiz, explicó que, “en caso de evidenciarse claramente alguna irregularidad, se abrirá de manera inmediata un proceso de responsabilidad fiscal”.

Del mismo modo, el organismo indicó que, una de las cuatro firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados es Funtics (ahora Novotic), afronta procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $12 mil millones.

Asimismo, Ruiz explicó que “no se puede hablar de persecución cuando se está frente a un presunto detrimento de $70 mil millones”, en relación a críticas que ha recibido el organismo.

El funcionario también señaló que, se hará un análisis que podría arrojar dos posibles caminos a seguir: una indagación preliminar que permita establecer si existen sobrecostos o daños al patrimonio público en la ejecución de esos más de 200 contratos, o en caso de que se evidencien irregularidades, el paso a seguir sería abrir un proceso de responsabilidad fiscal de manera inmediata.

”Yo no hablaría de persecución, a hoy tenemos presuntamente un detrimento de 70.000 millones de pesos, tenemos procesos a la empresa Funtic, hoy Novotic, por cerca de 12.000 millones de pesos. Lo que creo es que esto es una actuación oportuna y eficiente del órgano de control fiscal para revisar que en los demás contratos que suman alrededor de 1.1 billones, (para) saber si se ejecutaron bien o se desviaron recursos”, agregó Julián Ruiz.

Cabe recordar que el escandalo empezó cuando se conoció la caducidad del contrato que le adjudicó el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, y que no prosperó por el vencimiento de unas pólizas falsas que presentaron los contratistas, pero también por el anticipo de 70.000 millones de pesos que le entregó esa cartera, para que iniciarán la instalación de puntos de internet en las zonas más apartadas del país.

En línea con ello, la periodista de W Radio Paola Herrera encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal.

También reveló que el dinero del anticipo seguía en esas empresas y no en proveedores o subcontratistas, como lo manifestaron abogados de Centros Poblados.

El pasado 12 de octubre, el contralor general, Felipe Córdoba, declaró de “Impacto Nacional”, el escándalo que involucra el billonario contrato celebrado entre Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

Con esta declaratoria, el ente de control tendrá facultades especiales para revisar punto por punto la contratación que se firmaron entre las entidades estatales y las empresas socias de la Unión Temporal. Según el comunicado, esta empresa ha realizado destinos contratos desde el año 2014 por un total de $1.1 billones a través de cuatro firmas:

OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA SAS

ICM Ingenieros SAS

INTEC de la Costa

FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES INGENIERIA SEGURIDAD E INNOVACION (FUNTICS, ahora NOVOTIC)

Asimismo, anunció que se abrirán indagaciones preliminares desde el Despacho del Contralor General de la República, con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.

“Atendiendo esta declaratoria de impacto nacional la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes”, aseguró la comunicación del organismo de control.

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