El zar de la contratación, Emilio Tapia, involucrado en varios casos de corrupción, habría violado en repetidas ocasiones la detención domiciliaria que se le otorgó por haber participado en el carrusel de la contratación en Bogotá. La advertencia fue hecha por la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla que le revocó el beneficio al sindicado y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue la situación.
“Existen pruebas suficientes, como el informe de captura y sus anexos, los informes periodísticos del mes de septiembre de 2021 acreditan las salidas no autorizadas de Tapia Aldana de su lugar de internación domiciliaria, máxime cuando al interior del proceso no se advierte concesión de ningún permiso otorgado para esas fechas por este Despacho Judicial”, se lee en la decisión.
La jueza señaló que Tapia no solo habría salido de su casa sin permiso, sino también del país; sobre esto existirían pruebas de vuelos privados con destinos internacionales a los que accedió.
Se presume que Tapia había logrado lo anterior con ayuda de funcionarios públicos, por lo que se compulsarán copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen la situación. En caso de encontrar culpables, se solicitó que los implicados reciban sanciones penales y disciplinarias.
“Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se aperturen las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana’ incumplir las obligaciones impuestas al concederle la prisión domiciliaria, y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas; inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de su libertad”, precisa la decisión.
Además de revocar la casa por cárcel, Tapia también deberá pagar una caución por un valor cercano a los 2.400 millones de pesos al Tesoro Nacional-Multas y Cauciones Efectivas. Sumado a esto, al empresario también se le embargarán sus bienes. Esto último no se da por violar la medida de casa por cárcel sino por su presunta vinculación con el billonario contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Tapia es señalado de ser el cerebro en la sombra de la Unión Temporal Centros Poblados, ya que tenía relación con las cuatro empresas que conformaron el consorcio. Además, parte de los recursos del anticipo, presuntamente, terminaron en sus manos.
De hecho, por este caso de Centros Poblados, en la madrugada del 9 de octubre Tapia fue trasladado a la penitenciaria La Picota, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Esto por dictamen de un juez que ordenó recluirlo en una cárcel de máxima seguridad del país.
De acuerdo con la Fiscalía, que dio a conocer el traslado del hombre, Tapia fue internado en el pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría de la Picota. También se detalló que fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
La detención se conoció luego de que el 8 de octubre el juez que lleva el caso rechazara la solicitud del abogado Alejandro Sánchez, defensor de Tapia, quien exigía que su cliente cumpliera la condena por presunta corrupción en Barranquilla. El argumento para esto es que el empresario estaría más cerca a su familia y se podría recuperar satisfactoriamente de los problemas de su salud.
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