Este 11 de octubre, el contralor general, Felipe Córdoba, declaró de “Impacto Nacional”, el escándalo que involucra el billonario contrato celebrado entre Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

Con esta declaratoria, el ente de control tendrá facultades especiales para revisar punto por punto la contratación que se firmaron entre las entidades estatales y las empresas socias de la Unión Temporal. Según el comunicado, esta empresa ha realizado destinos contratos desde el año 2014 por un total de $1.1 billones a través de cuatro firmas:

OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA SAS

ICM Ingenieros SAS

INTEC de la Costa

FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES INGENIERIA SEGURIDAD E INNOVACION (FUNTICS, ahora NOVOTIC)

Asimismo, anunció que se abrirán indagaciones preliminares desde el Despacho del Contralor General de la República, con base en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.

“Atendiendo esta declaratoria de impacto nacional la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción procederá a abrir las indagaciones preliminares correspondientes”, asegura el comunicado.

El juez 53 de control de garantías durante una audiencia, dio a conocer que realizará una compulsa de copias para que investigue disciplinariamente a las dos funcionarias del Ministerio, determinando que es necesario identificar todo lo que ocurrió en el entramado que resultó dando la pérdida de 70 mil millones de pesos, que fueron entregados como adelanto, para la implementación de la conección a internet en zonas rurales de Colombia.

En su extensa intervención el juez determinó que se debe hacer investigaciones a fondo para saber lo que sucedió en ese proceso licitatorio el cual resultó bastante afectado con la entrega de documentos falsos como certificados bancarios y pólizas de seguro.

El togado señaló que las funcionarias estaban en la obligación de verificar que los documentos presentados por los oferentes debían ser revisados minuciosamente puesto que esta era su responsabilidad.

“Eran quienes debían supuestamente vigilar la garantía de seriedad que se aportaba al proceso en principio. Si se hubieran dado cuenta que esta garantía era falsa nunca hubiera habido anticipo”, precisó el juez al considerar que no se puede omitir la premisa que las dos exfuncionarias deben ser investigadas.

Asimismo, en medio de sus reclamos por las presuntas actuaciones irregulares que se habrían dado en este caso, el juez agregó que en el país se volvió costumbre que los implicados siempre estan dispuestos a decir que todo se hace a sus espaldas.

“Acá se volvió retórica de todos los implicados que todo se hizo a sus espaldas, entonces ¿para qué nombran a las personas en los cargos?, ¿para qué nombran representantes legales?”, manifestó el juez.

Ante su decisión, para justificar la compulsa de copias, el funcionario expuso un hecho hipotético en su propio despacho.

“Si mi oficial mayor o mi secretaria se le olvida por X o Y motivo hacer algo con una tutela y me compulsan copias disciplinarias a mí pues adivinen qué tengo qué hacer yo. Cuando los funcionarios públicos cometemos un error pues para eso está la acción disciplinaria”, señaló el Juez 53.

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