A finales de septiembre la casa de subastas alemana Sociedad Gerhard Hirsch Nasfolger vendió piezas de siete países latinoamericanos, como Colombia, en una evento que causó polémica y peticiones para cancelar la venta, esto fue protagonizado por diplomáticos de los diferentes países involucrados.
Dentro de esta subasta había piezas de México, Colombia, Perú, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Panamá, los cuales fueron vendidos por cientos de euros en la ciudad alemana. En los días previos y posteriores a la subasta, diplomáticos de estos países ofrecieron declaraciones oponiéndose a la venta y exigiendo al país europeo detener el evento que, a pesar de ello, se realizó.
Por parte de Colombia, el Ministerio de Cultura, la Cancillería y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, iniciaron las acciones necesarias para restituir los artefactos colombianos identificados en el catálogo.
El 27 de septiembre la entidad interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que se adelante la investigación correspondiente. Unos días después, Nicolás Loaiza, director del ICANH, confirmó que se había puesto en marcha la hoja de ruta para recuperar dichos artefactos.
En una rueda de prensa en la que estaban presentes miembros del ICANH, la Cancillería y el Ministerio de Cultura, estos dijeron que: “en el marco de la implementación del Programa Nacional para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales y atendiendo a la necesidad de efectuar las gestiones necesarias para la recuperación de aquellos bienes que han salido de manera irregular del país, se ha hecho necesario establecer un procedimiento o protocolo que oriente el manejo de casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico”.
Este programa trabaja por medio de un convenio de cooperación firmado en 2017, el cual integran instituciones como el ICANH, la Fiscalía, Policía, Procuraduría, Cancillería, Aerocivil, DIAN, el Archivo General de la Nación, el Consejo Internacional de Museos (ICOM), SENA, el Servicio Geológico Nacional y la Facultad de Estudios de Patrimonio de la Universidad Externado.
El convenio, firmado una primera vez en 2005, fue diseñado para “planear, desarrollar y ejecutar lineamientos y acciones como la actual construcción del ‘Protocolo en caso de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano en subastas o plataformas de comercio electrónico’, el cual es una hoja de ruta que no solo está pensada para el caso que nos consultan, sino que se construye para darle manejo a los casos de venta y/o comercialización de bienes del patrimonio cultural colombiano que se identifiquen en el exterior”.
Hans-Peter Knudsen Quevedo, quien es el embajador de Colombia en Alemania, respaldó las declaraciones del embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien de acuerdo con una entrevista para la agencia EFE dijo: “los pueblos originarios sufrieron un saqueo de sus bienes, de su patrimonio cultural, de su patrimonio más allá de lo cultural, se diezmaron sus poblaciones y su cultura en general, esa connotación es la que tiene. Yo no creo que los compradores de buena fe sepan, quieran ser parte de esa historia, de ese comercio”.
Entre las acciones conjuntas que se han tomado desde estas entidades, la audiencia solicitada por el GRULAC, grupo de discusión y concertación no vinculante de toda América Latina, ante la cancillería alemana destacó que se debe “establecer un canal de diálogo sobre este asunto y propender por la restitución de los bienes del patrimonio arqueológico”.
Asimismo, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 397 de 1997 el ICANH, “es la única entidad facultada por las disposiciones legales para aplicar el régimen de manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diferentes niveles territoriales”, es decir, esta institución está reconocida como la autoridad para asumir estos casos, por ende tiene la obligación de velar por la protección de los bienes del patrimonio cultural colombiano.
“Todas las acciones preventivas que se toman desde el ICANH corresponden a lo establecido en el régimen legal de protección, ya que en Colombia existe una legislación orientada a la protección, conservación y divulgación de los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación con el fin de evitar su exportación ilegal, el tráfico ilícito o la comercialización, dado su valor cultural, histórico y científico”, se puede leer en el comunicado presentado por el instituto.
Esto ha reforzado que, por medio de diversas políticas públicas, convenios interinstitucionales y la implementación de tratados y convenciones multilaterales e internacionales, estos se desarrollen en la agenda gubernamental.
Por parte del ICANH, este informó que como medida preventiva llevan a cabo “jornadas de capacitación y sensibilización acerca del patrimonio arqueológico colombiano y la normativa vigente relacionada con el tema, dirigidas a la comunidad en general y a diferentes organismos o entidades interesadas e involucradas en la gestión social del patrimonio arqueológico”.
De acuerdo a ley ya mencionada, “los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, esto quiere decir que no tienen un valor económico y están por fuera del comercio. Y, frente a esto, “es obligación de todos los colombianos garantizar su protección, evitar su pérdida o destrucción y el tráfico o su exportación ilegal”, explicaron las entidades en la rueda de prensa.
Por último, cabe resaltar que desde Colombia se han suscrito diferentes tratados en lo que refiere a la protección y repatriación de bienes culturales. Dentro de estos está la Convención UNESCO de 1970, el Convenio UNIDROIT de 1995 y la Decisión Andina 861 de la CAN.
Para finalizar la conferencia de prensa, se concluyó, bajo todos estos parámetros que: “implica un compromiso nacional de actuar con reciprocidad. Los principales instrumentos jurídicos de alcance internacional que han sido suscritos por el gobierno colombiano y que hoy en día hacen parte de la legislación interna colombiana son estos tratados”.
SEGUIR LEYENDO: