En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la Defensoría del Pueblo reveló un estudio que da cuenta de los problemas que tiene el país para atender estos casos. La Defensoría Delegada de Salud y Seguridad Social, oficina que lideró esta investigación, señala que hay problemas para adoptar políticas de salud mental. Teniendo esto en cuenta, se hizo un llamado para asegurar la atención de pacientes con trastornos mentales y evitar que sean estigmatizados.
En concreto, el informe señala que el 21 por ciento de los departamentos no se tiene en cuenta la caracterización de la población territorial y en el 15 por ciento no ha sido adoptada la política de salud mental. Esto estaría relacionado a que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no han fortalecido sus redes para afrontar esta problemática.
“En el informe se evidencia que las EPS no cuentan con suficientes redes de prestadores de servicios, lo que genera falta de oportunidad en la atención de pacientes. Tampoco existe continuidad en los tratamientos de quienes padecen enfermedades mentales y se evidenciaron deficiencias en la atención de los programas de drogadicción”, indicó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Se detalló que los departamentos con más problemas para atender casos de salud mental son cinco: Amazonas, Cauca, Huila, Cesar y Quindío. El panorama sería más crítico dentro de las áreas rurales o dispersas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Defensoría del Pueblo le indicó al Ministerio de Salud (MinSalud) que debe asegurar la disponibilidad con enfoque diferencial de los servicios de salud. Además, junto a las universidades se deben fortalecer los sistemas de información y la evidencia científica en el ámbito de la salud mental. Con esto se busca asegurar el servicio en todo el país.
“En nuestro informe de seguimiento a la implementación de la política nacional de salud mental, le recomendamos al Ministerio de Salud implementar medidas para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios en todo el país, ya que hemos constatado que no tiene cobertura a nivel nacional, en especial en las zonas dispersas”, dijo Camargo.
Hay que recordar que dentro de los planes de MinSalud ya estaba fortalecer los servicios de salud mental en el país. De hecho, el pasado 6 de octubre, en medio de un webinar organizado por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) acerca de los retos de la era postcovid, la cartera de Gobierno aseguró que en los próximos meses el desafío será contrarrestar la repercusión de los tratamientos crónicos no covid interrumpidos y traumas psicológicos.
“Estamos hablando de una endemia como posible resultado final y en una segunda fase vamos a ver el aumento de los casos graves no relacionados con covid-19 que por diferente razones no fueron atendidos durante la pandemia. En una cuarta fase también veremos cómo los traumas mentales y el daño económico continuarán durante un tiempo”, dijo Fernando Ruiz, ministro de Salud.
Para enfrentar estos retos la Defensoría aseguró que las EPS también son entidades claves en el proceso, por eso se les ordenó incluir en sus redes de atención los servicios de psiquiatría, psicología y terapias. Además, el Ministerio del Trabajo (MinTrabajo) deberá incentivar a los profesionales de psiquiatría, psicología y terapeutas para que trabajen en las zonas rurales y rurales dispersas.
“Todos los actores del sistema general de salud deben garantizar la continuidad de los servicios de los pacientes con enfermedades mentales, la oportunidad de las citas médicas y la entrega domiciliaria de los tratamientos para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios. Estos son principios básicos para garantizar que los derechos de los pacientes estén en el centro de la implementación de la política pública”, puntualizó el defensor Camargo.
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