“Yo no soy anti policía, soy anti brutalidad policial”: Heidy Sánchez habla sobre los excesos de la Fuerza Pública en el paro y sus aspiraciones al Congreso

Actualmente en el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República se discuten dos temas importantes: el primero, es el Plan de Ordenamiento Territorial, mientras que el segundo es el Proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. Bancadas de la oposición en ambas corporaciones denuncian irregularidades e intereses políticos y económicos detrás de ambas iniciativas.

Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y quien hace fuerte oposición tanto al POT como al Proyecto de Ley. En diálogo con Infobae Colombia, hace un análisis sobre ambos temas y menciona otros como el abuso policial en el marco del Paro Nacional y el alto riesgo de impunidad, así como sus aspiraciones al Congreso de la República y su papel en el Concejo de la ciudad.

Infobae Colombia: El Plan de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Ley Orgánica de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca son temas que se debaten en el Concejo y el Congreso de la República. ¿Cuáles serían las consecuencias reales de este Plan para las comunidades rurales de Bogotá y Cundinamarca?

Heidy Sánchez: En primera instancia con el tema del proyecto de Región Metropolitana, pusimos como bancada, una acción pública inconstitucional el año pasado; pues claramente acá hay una serie de negocios sobre el volteo de tierras. De hecho en la exposición de motivos de este acto legislativo, estaba el tema de la construcción de al menos tres millones de viviendas, hablamos también de la necesidad de que se diera mediante un ejercicio de participación ciudadana, lo cual no se dio y pues no hubo consulta previa del proyecto de región metropolitana con las poblaciones indígenas de Cundinamarca y Bogotá. No se uso el mecanismo de la consulta popular como mecanismo de inclusión y participación para este tema.

En esta lógica, sobre el proyecto de Ley Orgánica hay que decir varias cosas: primero, no se incluye la estructura ecológica regional; o sea, sabemos que de acuerdo a la Ley 9993 se deben proteger zonas como la sabana de Bogotá, los cerros orientales, el páramo del Sumapaz y otros elementos que hacen parte de la necesidad de la protección medioambiental en la región. También hay otro tema y es que resulta que esto crea un Consejo Regional, el cual se salta los principios de la constitución; partamos del artículo 1 donde habla de la autonomía, esto no se reconoce en el proyecto. Dicho Consejo está conformado por la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca e incluyen un delegado de la nación con voz y voto; están los alcaldes municipales también y resulta que cada consejo municipal debe hacer previamente un cabildo abierto para la toma de decisiones. Todas las voces las toma ese Consejo Regional, o sea, acá hay una concentración clarísima de poder y se salta la autonomía territorial y pues esto ya no lo elige ya la región como tal sino que da respuesta a determinados intereses.

No aparece la conformación de un sistema regional ambiental, tampoco hay valor agregado a las posibilidades de actuación asociativa en función de este tema y pone casi que de manera exclusiva dos elementos: lo relacionado con la construcción de vivienda y también lo relacionado con movilidad y encima hay un mico que es de la CAR, y es que se propone una modificación del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional, reduciendo la participación de la sociedad civil.

Con respecto al POT, se habla de que podría afectar la oferta de vivienda social y afectaría los precios en la capital del país...

H.S.: Primero hay que decir que el POT ha sido un proceso a patadas; de hecho, lo que hemos escuchado por parte de la ciudadanía durante espacios libres que se han hecho fuera del recinto, es que, por ejemplo, en el caso de Usaquén, muchas personas manifestaron que hay cambios en el uso del suelo en los nuevos mapas del Plan de Ordenamiento Territorial, y que al preguntarle a Planeación Distrital, dijeron que fue de afán y así pasa con otras situaciones; hay áreas de renovación urbana, áreas de consolidación y lo que pasa es que con esto aumenta el índice de construcción dependiendo del área de metraje. Otra cosa es que, dentro de la ‘renovación urbana’ se aplica el ‘tumbo y levanto’ y quitándole la protección a moradores en el caso de la construcción de la primera línea de metro; además está la desvalorización de terrenos y en Medellín ocurrió algo parecido donde no se respetó a los dueños de los predios.

Usted habla de la democracia representativa en toda esta discusión, explíquenos a qué o a quiénes se refiere con esto

La discusión central, por ejemplo, en el marco de la aprobación de acto legislativo que modificó la Constitución política, es que no hay ningún tipo de proceso previo de participación ciudadana, cosa de que ellos digan si están de acuerdo o no con los proyectos en discusión. Dicha modificación se hizo a pupitrazo, en cuarentena estricta en una alianza clara entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, concretamente la Alianza Verde, y el partido Cambio Radical que representa a la gobernación de Cundinamarca y hay otros proyectos de Ley que se aprobaron como el de la modificación del estatuto orgánico de Bogotá en otra alianza entre estos dos partidos y esto también se ve en lo relacionado con la Región Metropolitana. Esos clanes se asocian para sacar adelante esta iniciativa y le quita control a los consejos de Bogotá. Acá hay grandes negocios de por medio con el tema de la movilidad y relacionados además con la vivienda y hay un claro asocio de clanes políticos donde la alcaldesa anticorrupción que denunció de mantera tan reiterativa a Cambio Radical, hoy se asocia con ellos para impulsar el proyecto de Región Metropolitana. No se tuvo en cuenta para nada a la comunidad.

Figuras como Gustavo Petro ponen en una misma canasta a Claudia López y al presidente Duque como principales beneficiarios de este proyecto de ley que pondría en riesgo la Sabana de Bogotá. ¿Está de acuerdo con esta apreciación?

La alcaldesa y el presidente tienen un asocio en temas como la construcción de la segunda y tercera línea del metro en Bogotá. Entonces por ejemplo, en un solo día ella le echa la culpa a la Colombia Humana de todo lo que pasa en Bogotá; esa misma tarde da una rueda de prensa donde la alcaldesa está de la mano con el Presidente hablando de la segunda y tercera línea del metro, y para este tipo de proyectos se requiere más del 70% de financiación por parte del Gobierno Nacional para su ejecución, y si el presidente no lo hace, pues los proyectos no van.

Es claro que hay negocios e intereses económicos grandísimos. Yo recuerdo que el año pasado, cuando recién entramos al Concejo, hubo una reunión que tuvimos con ProBogotá, en ese tiempo estaba Juan Carlos Pinzón, y la manera en que ellos planteaban los proyectos estratégicos como el Regiotram y las cinco líneas de Metro y cuáles debían ser los proyectos económicos para la ciudad, centrados en la economía naranja. Entonces está todo el tema de construcción de vivienda y también está todo lo que la gente podría aprender en las universidades con respecto a ese tema; es decir, prácticamente que estudien lo que sirve para Bogotá, como sistemas u hotelería y turismo, entonces ahí ya hay un gran interés económico y así la alcaldesa salga a criticar al Gobierno, se sabe que detrás hay intereses entre ellos.

¿Qué posibilidades hayan de que no se apruebe este proyecto?

No, el proyecto de ley va a pasar. El martes cuando salí de una sesión, escuchaba la intervención de Petro y él terminó diciendo “Igual ya sé que esto no se va a aprobar porque somos minoría” y es cierto porque bien se sabe que la clase política tradicional pesa más, y pues seguramente eso se va a aprobar; hay mucha plata de por medio, así que eso va a terminar pasando a menos que pase algo con la Corte Constitucional y la sentencia que pueda emitir.

En términos de proposiciones lo que van a hacer es votar la mayor cantidad de artículos para salir rápido de eso, porque yo a Claudia le reconozco y es que es una mujer muy inteligente, y es que para ella este es una cuestión de ego por ser el primer Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá que pase por proyecto de acuerdo, porque los anteriores fueron aprobados por decreto y preocupa que este POT es a 12 años. En lo que yo he escuchado, de las tres sesiones que ha habido con comunidad, solamente en una intervención se ha apoyado este Plan de Ordenamiento

Otro tema coyuntural es el abuso policial y los casos que se han registrado en el marco del Paro Nacional, concretamente en Bogotá. Hay investigaciones que no avanzan; el Espectador publicó un informe que dice que de 231 investigaciones solo ha habido dos destituciones. ¿En qué cree que terminará eso? ¿Qué nivel de justicia considera que habrá para estos casos?

En algún momento hice un espacio con algunas compañeras de Chile y que estuvieron en el estallido social de ese país y decían algo que le hallé toda la razón: “prepárense para la ola de impunidad que viene” y cuando entre a la universidad e hice parte del movimiento estudiantil, acompañé al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y conocí a los familiares de muchas víctimas del Esmad y ellos se pusieron la camiseta y dijeron que no van a descansar hasta que no haya justicia para sus hijos. En el marco del Paro Agrario hicimos una mesa con el Ministerio de Interior, expusimos los casos de abuso policial y exigimos que eso pasara por poder preferente en la Procuraduría y que no quedara en las oficinas de la Policía y que tampoco sean vinculados a la justicia penal militar, sino que pasen de una vez a la ordinaria. Más de 50 investigaciones.

Yo lo que veo es que en Colombia se mimetizó la violencia policial; ya después de la masacre del 9 y 10 de septiembre, parece que se normalizó la violencia policial, y una normalización es que ya no nos asombra nada. Así que va a haber una ola de impunidad muy grande y en este caso el papel de la sociedad civil y del acompañamiento de las familias de las víctimas va a ser central para no desfallecer en la consecución de los casos y que haya justicia en cada uno de ellos, no solamente para las muertes sino en excesos de la fuerza y donde hubo mutilaciones y torturas que se dieron en el marco del Paro.

Otra cosa y es que acá hay algo que nos han querido meter, y son las menciones de “pero es que también ha habido policías heridos” “pero es que también han fallecido policías”; al respecto hay una balanza y es el artículo sexto de la Constitución política respecto de lo que debe ser un funcionario público y lo que debe ser un particular, y uno no puede comparar un uniforme de más de 10 millones de pesos, con un jean o un escudo de lata que usaron varios muchachos a nivel nacional; entonces se debe seguir insistiendo incluso en la conformación de una Comisión de la Verdad para el caso de Bogotá, tema que lo propusimos en un debate pero Luis Ernesto -Gómez- hizo oídos sordos.

¿Cree que con un eventual cambio de gobierno en 2022 pueda salir adelante el mandato ciudadano de la reforma a la Policía?

Yo la verdad creo que se requiere un cambio de gobierno para que se pueda dar esa reforma. Hubo una ruptura en el marco del Paro Nacional y es que íbamos ganando cosas, como el retiro de la reforma tributaria, la renuncia de [Alberto] Carrasquilla, la renuncia también de la ministra de relaciones exteriores [Claudia Blum], pero el Gobierno dijo que acá hay algo que no se toca, y ese algo es la Fuerza Pública, y cuando se da la moción de censura al ministro de Defensa hubo un muy mal mensaje a la ciudadanía de no reconocimiento de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos en el país en el marco de la protesta social.

Yo lo he dicho en muchos espacios: yo no soy anti policía, yo soy anti brutalidad policial y creo que hay una grieta entre la policía y la ciudadanía y de la juventud con la institución. Es un cúmulo de cosas; desde el vendedor informal que está mamado de que le quiten sus cosas a cada rato, como del dueño de la tienda que le cierran el sitio constantemente, entonces se requiere una reforma estructural que incluyan las garantías laborales para quienes ingresen a la Policía, independientemente de su estrato socioeconómico.

De hecho el Gobierno Nacional ya propuso una reforma...

Sí, y realmente fueron cambios cosméticos los que planteó el Gobierno, empezando con el cambio de uniforme y los QR que han generado muchos memes. Y otra cosa es que muchos abusan del uniforme; de hecho, varias trabajdoras sexuales y personas trans en Bogotá lo han denunciado. En el caso de la mujer trans que la destituyeron por no pagar un artículo en un almacén de cadena, si la misma proporcionalidad fuera para la cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional, estaríamos hablando de forma diferente. Yo estoy de acuerdo con el desmonte del Esmad porque tiene que haber un cambio en el tratamiento de la protesta social

¿Se ve usted en el Congreso de la República?

Por ahora no; yo termino mi periodo constitucional en el Concejo, en eso estoy muy concentrada, pienso sacarle mucho el jugo al máximo esa curul en favor de la gente. Uno tiene que cumplirles a ellos porque para eso lo eligieron a uno. A mí me eligieron como concejala y yo le respondo como tal hasta el momento que se acabe el periodo y no ver los escenarios de representación como un trampolín y dejar las tareas a medias.

Finalmente, le voy a mencionar varios personajes y usted me va a decir lo primero que se le viene a la cabeza de esa persona

Claudia López: Medio ‘Cantinflera’

Oscar Iván Zuluaga: Obsoleto

María Fernanda Cabal: Nefasta

Gustavo Petro: Mi presidente

Francia Márquez: Una guerrera

SEGUIR LEYENDO