La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó este viernes que la Sala de Reconocimiento ordenó remitir el proceso judicial del exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Almario Rojas, señalado por el magnicidio de la familia Turbay Cote, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal.
La Justicia Transicional anunció que la UIA, conocida como la Fiscalía de la JEP, será la encargada de investigar al excongresista y decidir si lo acusa ante el tribunal para la paz, en caso de ser vencido en el juicio, Almario Rojas podrá ser condenado hasta 20 años de cárcel.
“La magistratura examinó los expedientes referidos a los hechos, escuchó en versión a Almario Rojas en dos oportunidades; a las víctimas en audiencia y además recibió sus observaciones de manera escrita. La Sala de Reconocimiento de la JEP indagó la presunta responsabilidad del compareciente luego de conocer un video público de 2011, en el que exguerrilleros lo habían acusado de ser el responsable de estos hechos”, señaló la JEP en un comunicado.
La importancia de este caso, según indicó la justicia transicional, radica en que este se trataría del primer presunto máximo responsable que es remitido a la UIA, debido a sus constantes alegatos de inocencia y la ausencia de reconocimiento de su responsabilidad frente a los graves hechos que se le atribuyen desde julio de 2020 cuando fue aceptado por la JEP.
El exrepresentante por el departamento de Caquetá, es señalado como uno de los responsables del magnicidio perpetrado el 29 de diciembre del 2000 contra el entonces presidente de la Comisión de paz de la Cámara, Diego Turbay Cote; su madre, Inés Cote Turbay; tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia.
“De ser encontrado responsable, habría sido determinador no solo del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc-EP(…). Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad”, indicó el tribunal de paz.
La masacre por la que se responsabiliza a Almario Rojas fue perpetrada por la columna móvil Teófilo Forero de la desmovilizada guerrilla de las FARC, además es señalado por el secuestro de Rodrigo Turbay Cote que fue perpetrado por los frentes 14 y 15 de esta misma organización criminal en 1995.
Por último, el tribunal de paz señaló que se inicia un proceso adversarial, luego de agotarse el proceso de diálogo tras someterse voluntariamente, en el cual las diferentes partes dentro de las que se encuentran las víctimas, la Procuraduría y el compareciente seguirán en la controversia probatoria en el que se desvirtuará o no la presunción de inocencias del excongresista.
“Pese a que la magistratura no puede afirmar si el compareciente viola su deber de aportar verdad plena, sí cuenta con elementos suficientes para cambiar la ruta que el compareciente debe seguir en la JEP”, concluyó.
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