En la mañana de este viernes 8 de octubre, el juez que lleva el caso del polémico contratista Emilio Tapia Aldana, vinculado con el carrusel de la contratación en Bogotá y el caso del billonario contrato del MinTIC, declaró que el implicado deberá ser dirigido a una prisión de máxima seguridad.
La decisión del jurista se tomó luego de que la defensa de Tapia, el abogado Alejandro Sánchez, pidió que su cliente cumpliera la condena por presunta corrupción en Barranquilla, donde estaría más cerca a su familia y se podría recuperar satisfactoriamente de los problemas de su salud; sin embargo, el juez del caso negó esa solicitud.
“La necesidad de continuar un tratamiento médico y una orden para unos exámenes de salud, son elementos que se trasladan para explicar la necesidad de que permanezca en una cárcel de la ciudad de Barranquilla”, explicó Sánchez.
Por el momento, no se ha definido el centro reclusorio en el que ‘el Zar de la contratación’ -como se le conoce al individuo- deberá pagar su pena por los recientes hechos de corrupción que involucran a una de las dependencias del Gobierno nacional.
Por otro lado, en la decisión que recientemente tomó el togado, también se conoció que la Fiscalía y Procuraduría generales no se opusieron al fallo que reafirma la privación de la libertad a Tapia Aldana.
Ante estos hechos, su jurista defensor aseguró que aportó todo el material necesario para que el reincidente en corrupción recibiera ese beneficio, sin embargo, no rindió frutos. “Vamos a aportar los elementos materiales probatorios referidos a las circunstancias familiares, de sus hijos y arraigo…. Los informes del investigador dicen que el arraigo es en Barranquilla, convive con su esposa y está la copia de vigencia de arraigo”, expresó el defensor.
De igual manera, el juez aseguró que será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) quien defina la prisión a la que irá a parar el hombre, donde se les restablecerán los derechos y garantizará que cumpla con las audiencias que enfrentará próximamente.
Asimismo, el togado mencionó que será el Inpec el encargado de velar por la seguridad de Tapia, quien pedía no ser trasladado a las cárceles de Bogotá por presuntas amenazas en su contra. Sin embargo, aunque no las desconoció, el juez recordó que el implicado cometió delitos tras quedar en libertad hace años y por eso hoy vuelve a quedar a disposición de la justicia.
Es así como ese instituto definirá si Tapia Aldana será trasladado a la cárcel de Cómbita en Boyacá, La Picota de Bogotá o La Tramacúa de Valledupar, que son las penitenciarias de máxima seguridad que hay en Colombia; todo dependerá de la capacidad que posean esos centros reclusorios.
Dicho fallo se conoce luego de que en la tarde de este 5 de octubre, la defensa del señalado “cerebro” detrás del esquema de Centros Poblados logró que un juez de Malambo, Atlántico, atendiera su caso y estudiara la posibilidad de recluirlo en el Batallón de Ingenieros de combate número 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, donde ya había estado privado de la libertad en 2016 por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá. Sin embargo, dicha solicitud también fue denegada.
“El señor Emilio Tapia está en este momento en una URI y digamos que los reportes que tenemos sobre su estado de seguridad no son alentadores”, argumentó su defensa. Por ello, continuó, se solicitó que “siga o retome un centro de reclusión que está en Malambo, que es el batallón, un batallón militar con sede en el municipio de Malambo como prisión principal”.
Sobre la situación de salud se pronunció Andrea Muñoz, fiscal 70 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien recordó que Tapia ya fue dado de alta, y que incluso fue examinado por Medicina Legal, que determinó que este puede permanecer en la cárcel sin que esto represente un riesgo para su bienestar físico o mental.
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