El Gobierno nacional buscará, otra vez, que se fortalezcan las penas contra los delincuentes en Colombia; luego de que desde varios sectores de la opinión pública y la ciudadanía se asegurara que las autoridades nacionales son laxas y no imponen medidas ejemplares contra quienes transgreden contra la ley del país.
CUÁLES SON LAS PENAS
Por esa razón, desde el Ministerio de Justicia, liderado por Wilson Ruiz, ya se habla de labores específicas para lograr dichos cometidos. ¿Cuáles son? A continuación se las contamos.
De acuerdo con el ministro Ruiz, desde su cartera ya se han entablado diálogos con varios mandatarios de las principales ciudades del país como Bogotá para saber qué necesitan los ciudadanos y así presentar el proyecto completo ante el Congreso de la República.
Algunas de las medidas que contempla esa dependencia del Ejecutivo son realizar consejos de seguridad con las alcaldías, gobernaciones, el Consejo Superior de la Judicatura y otros ministerios como el de Defensa e Interior para articular las peticiones en torno al tema.
En ese sentido, precisó el ministro Ruiz a los micrófonos de RTVC Noticias, dentro de uno de los artículos del proyecto, se le pedirá a los congresistas que se apruebe el incremento de las penas que pagan los criminales y pase de los 18 a los 36 meses. Sin embargo, estas penas aplicarán, precisa el funcionario, para delitos de menor cuantía como hurto de celulares, entre otros elementos, que no superen los cuatro salarios mínimos, es decir una suma de $3′634.000 millones de pesos.
ENDURECIMIENTO DE PENAS
Además, el MinJusticia le explicó a ese medio que la idea es elevar las penas de 24 a 48 meses cuando los maleantes se roben elementos que superen las sumas antes descritas. Igualmente, se contempla que la intimidación o amenaza con arma de fuego y arma blanca sean declarados como delitos que dejen penas carcelables o monetarias.
“La idea que tenemos es darle mayor red elementos a los jueces para que entren a juzgarlos con mayor contundencia y evitar que haya tanta libertad condicional en las calles”, dijo el funcionario a la emisora La FM.
En los diálogos con ambos portales, el jefe de cartera explicó que la idea es modificar el artículo 239 del Código Penal, donde se estipula que por hurtos y robos se contemplan penas desde los 32 hasta los 108 meses de prisión para los responsables.
LLAMADO A LA CIUDADANÍA
En ese sentido, el funcionario exhortó a los mandatarios de los diferentes territorios del país para que, al unísono de los juzgados de cada ciudad y departamento, se haga cumplir a rajatabla la ley y los estatutos que el Gobierno incluirá en el proyecto de ley: “Alcaldes, gobernadores, ustedes tienen una gran responsabilidad frente al país (…) encárguense ustedes frente a los sindicados. ‘¿Cómo nos pueden ayudar?’ Nos pueden ayudar construyendo más centros de reclusión”, apuntó Ruiz a RTVC.
De igual manera, Ruiz invitó al pueblo colombiano a denunciar los hechos delictivos porque “si la ciudadanía no denuncia, será más difícil lograr los resultados”, expresó hace unos días en la presentación del proyecto, donde también destacó la labor de la Policía y las demás autoridades.
“Si la Fuerza Pública hace su trabajo de capturar a los delincuentes, pero las autoridades judiciales no contribuyen con la judicialización, los tendremos nuevamente en las calles atacando a los ciudadanos”, dijo.
Cabe destacar que en esta iniciativa también se realizan modificaciones al artículo del Código Penal antes descrito, así como al de Procedimiento Penal, al Código de Policía, y regula las armas menos letales y las blancas.
El proyecto, que ya se abre paso en los estrados del Congreso, busca que cuando un individuo sea judicializado no quede libre de manera fácil, por lo que se harán cambios sustanciales al Código de Procedimiento Penal donde los jueces deberán determinar si los sujetos representan peligros para la sociedad o si usaron motocicletas o alguna de las armas antes descritas para dichas actuaciones ilegales.
Otro de los apartes del proyecto expone la judicialización a los ciudadanos a quienes se capture portando de manera ilegal armas de corto alcance como traumáticas, neumáticas, de fogueo, eléctricas, entre otras. Dichos sujetos podrían enfrentar entre 6 y 10 años tras las rejas.
Por otro lado, se contempla la creación de Registro Nacional de Armas, Elementos y Dispositivos Menos Letales, que será dirigido por el Ministerio de Defensa y que propenderá por atender los delitos de baja intensidad que tienen azotado al país.
Otro detalles del proyecto aquí.
SEGUIR LEYENDO: