Poco a poco se van conociendo más datos sobre el escándalo protagonizado por las Fuerzas Militares de Colombia y el Ministerio de Defensa, quienes aprobaron y ejecutaron un nuevo bombardeo aéreo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que se encontraban cuatro menores de edad, en el litoral San Juan, departamento del Chocó.
Tras la revelación hecha por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien acusó a la cartera de seguridad de haber ocultado dicho ataque y sus resultados, se conoció otro documento en el que se dan a conocer los nombres de dos de los jóvenes asesinados en el mismo.
La información, recogida por el Instituto de Medicina Legal, la dio a conocer el defensor de Derechos Humanos caleño, Walter Agredo, quien reportó que ya están plenamente identificadas tres de las víctimas. Se trata de Jhon Alexander Gañán Murcia de 17 años, José Yuver Hurtado Moreno de 13 años.
Además, se conocieron los nombres de otras víctimas mayores de edad: Claudina Natigay Carampaima de 18 años, Uberman Cortés Montenegro de 21 años, Urbelina Isabel Hernández de 41 años y unos restos, en realidad unas manos, de una persona de sexo femenino que se encuentra entre los 15 y 25 años de edad.
Según el mismo documento, que presenta fotos de las víctimas, el dorsal de la mano izquierda de esa última víctima tenía un tatuaje “de una I y de un corazón hechos con tinta de color negro”.
Valga recordar que el ataque se dio el pasado 16 de septiembre. Según Cepeda, ya se hizo la denuncia correspondiente ante la Organización de las Naciones Unidas. Además, este jueves, anexó el documento en el que argumenta que el ministro de Defensa, Diego Molano, solo dio a conocer el abatimiento de cuatro criminales, incluido alias ‘Fabián’, uno de los cabecillas de ese grupo armado ilegal- cuya muerte después fue desmentida, dado que el criminal terminó falleciendo en una clínica de Cali.
De acuerdo con Cepeda, “el ministro no informó a la opinión pública que dentro de los abatidos hubiese adolescentes” y por eso él pidió la intervención del Instituto Nacional de Medicina Legal que confirmó el deceso de los menores de edad, entre los que había un pequeño de tan solo 13 años.
“Hay cuatro personas que son menores de edad. Tres de 17 años y una de 13 años. Nos llama la atención que esa situación no se haya puesto en conocimiento del país”, expresó el senador.
Además, dice que envió una misiva a la ONU donde advirtió que en Colombia cada vez es más frecuente el reclutamiento forzoso de niños y niñas para la guerra, por lo que pidió rápida interventoría al respecto. “Durante el último año, el reclutamiento forzado aumentó en más de un 113%, incluso la Defensoría del Pueblo advirtió en 45 alertas tempranas que en 238 municipios de 5 departamentos del país, entre ellos Chocó, había un alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales”, argumentó el parlamentario en un comunicado que hizo público en su cuenta oficial de Twitter.
En otros de los apartes de su pronunciamiento, Iván Cepeda recordó cuando el ministro Molano llamó “máquinas de guerra” a los niños que, en una pasada oportunidad, también murieron durante uno de los operativos realizados por las fuerzas militares colombianas en agosto de 2019 en Caquetá y marzo de 2021 en Guaviare.
“El Gobierno nacional se ha caracterizado por desconocer que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en poder de grupos armados ilegales son víctimas de reclutamiento forzado, y por el contrario insiste en darles tratamiento de combatientes, ubicarlos como “objetivos legítimos” y llamarlos “máquinas de guerra”, como lo hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, quien meses después de su declaración, no solo no se ha retractado, sino que insiste en las mismas operaciones de guerra contrarias al DIH”, cuestionó el congresista.
Tras las graves denuncias, que aún no tienen reacción por parte del Gobierno nacional, Cepeda le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU, así como al representante especial para la niñez de esa entidad internacional, UNICEF, que “examinen las medidas adoptar en el marco de su mandato”.
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