Las seis peticiones de Temblores ONG para una reforma policial

La ONG que ha estado al frente de las denuncias por abuso policial en medio de las últimas protestas sociales en Colombia, piden entre otras cosas, la prohibición total de las armas de “letalidad reducida”

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Foto: (Colprensa-Sergio)
Foto: (Colprensa-Sergio)

Si bien en el Congreso de la República cursan dos proyectos de ley que buscan la transformación de Policía Nacional luego de lo ocurrido en las protestas de abril, mayo y junio de este año por las denuncias de agresión y abuso del poder por parte de uniformados, son cambios que al parecer no satisfacen a organizaciones que han venido denunciando estos hechos.

Una de ellas es Temblores ONG que durante las últimas manifestaciones atendieron cientos de denuncias por abuso policial de parte de los manifestantes y piden una reforma policial que sea estructural y de fondo, para que las agresiones de la fuerza pública no sigan ocurriendo en escenarios sociales como la protesta.

Este miércoles, a través de Twitter, la ONG publicó un pliego de peticiones de lo que para ellos deben incluir esa reforma. Se trata de seis puntos donde se destaca lo que tiene que ver con el uso de armas etiquetadas como de “letalidad reducida” y que la institución de la Policía salga del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior.

Estos son los puntos que pide Temblores ONG se incluyan en una reforma policial:

1. La prohibición total de las armas de “letalidad reducida”

2. Que los comparendos interpuestos por la Policía cuenten con la firma de un tercero que hará las veces de un testigo civil que dé fe de la comisión de la contravención.

3. Que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar.

4. Que la formación en derechos humanos, civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes.

5. Eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos.

6. Que la Policía, como cuerpo de control civil, pase de ser parte del Ministerios de Defensa al Ministerio de Interior.

En el debate de una reforma policial estructural y necesaria para Colombia, también se ha escuchado la voz de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, que de hecho, hace unos días mostró su molestia por el nombramiento del general Carlos Ernesto Rodríguez como nuevo inspector de la Policía Nacional.

Vivanco aseguró que la Policía “ha dañado la credibilidad de las investigaciones disciplinarias por abusos durante las protestas” y señaló que este fue comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá durante los sucedido el 9 de septiembre, cuando miembros de la fuerza pública dispararon contra jóvenes que protestaban acabando con su vida.

FILE PHOTO: Jose Miguel Vivanco, director of Human Rights Watch Americas, holds up a report while addressing the media in Bogota, Colombia August 8, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: Jose Miguel Vivanco, director of Human Rights Watch Americas, holds up a report while addressing the media in Bogota, Colombia August 8, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

“Entre el 9 y el 10 de septiembre, murieron 11 manifestantes en Bogotá al parecer a manos de la Policía. El general Rodríguez fue director de Seguridad Ciudadana de la Policía durante el paro de 2021″, denunció. El director de esa ONG recordó que el Esmad y las policías metropolitanas están adscritas a la Dirección de Seguridad Ciudadana.

“Durante el paro, la Policía cometió cientos de abusos graves, incluyendo homicidios”, aseveró el director.

Por último, Vivanco explicó la razón principal de su molestia: “El nombramiento del General Rodríguez como inspector general de la Policía atenta contra cualquier apariencia de imparcialidad en las investigaciones disciplinarias por los gravísimos hechos de brutalidad policial cometidos durante las protestas”.

Así mismo, afirmó ante la Cámara de Representantes que si bien hay proyectos de ley para la modificación estructural de la Policía, falta la inclusión de temas como mecanismos de transparencia para prevenir las violaciones de derechos humanos.

“No se establece un mecanismo jurídico para garantizar la transferencia de esos casos a la Procuraduría General y la ausencia de criterios y procedimientos, así como la aparente falta de participación de las víctimas en esta decisión”, aseguró el director de HRW.

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