Emilio Tapia ofrece prender el ventilador y colaborar con la Fiscalía

En la mañana de este jueves 7 de octubre se conoció una carta redactada por Emilio Tapia, principal acusado por el escándalo de la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio TIC, y dirigida a la Fiscalía General de la Nación. En la misma asegura que está dispuesto a ofrecer información sobre dicho caso.

Dicha misiva reza, textualmente:

“Con debido respeto acudo ante Usted a fin de manifestar que, por información difundida en medios de comunicación, he tenido conocimiento que en la actualidad se adelantan investigaciones relacionadas con el contrato adjudicado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (MINTIC) a la U.T. CENTROS POBLADOS 2020, en los que se ha hecho mención de mi nombre.

En ese sentido, manifiesto mi plena disposición para comparecer a efectos de dar a conocer, de manera amplia, detallada y circunstanciada cuanto conozco del caso. Por lo tanto, solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad. Ello, sin perjuicio del DERECHO DE PETICION que presento para que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Nacional, se me informe qué despacho adelanta la mencionada indagación, cuál es su número de radicado y si en la misma figuro como indiciado, eventualidad ante la cual tampoco me asiste ningún reparo para comparecer y dar cuenta de todo cuanto está a mi conocimiento”.

Según informes de RCN Noticias y Noticentro CM&, que revelaron el texto, la intención de Tapia sería la de revelar, por medio de las conversaciones sostenidas a través de su teléfono, las condiciones en las que se creo la empresa ICM Ingenieros, que funcionó como columna vertebral de la estructura de corrupción que protagonizó la desaparición de $70.000 millones pertenecientes a la cartera de Tecnología de la Información y la Comunicación.

De igual forma, aportaría información sobre la forma en la que dicha organización se alió con las empresas Omega e Intec de la Costa para crear la unión temporal Centros Poblados, que es finalmente la que termina adueñándose de la suma mencionada, empleando una garantía bancaria falsificada.

Cabe recordar que Tapia ha buscado distintas maneras de evitar llegar al a cárcel. Otra se dio en la tarde del 5 de octubre, cuando la defensa del señalado “cerebro” detrás del esquema de Centros Poblados logró que un juez de Malambo, Atlántico, atendiera su caso y estudiara la posibilidad de recluirlo en el Batallón de Ingenieros de combate número 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, donde ya había estado privado de la libertad en 2016 por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá.

Para ello, el abogado Alejandro Sánchez argumentó que la seguridad de su cliente podría peligrar si llega a ser trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá, como ordenó el juez 53 de control de garantías de esa misma ciudad el pasado 24 de septiembre. También advirtió que el estado del mismo también es delicado.

“El señor Emilio Tapia está en este momento en una URI y digamos que los reportes que tenemos sobre su estado de seguridad no son alentadores”. Por ello, continuó, se solicitó que “siga o retome un centro de reclusión que está en Malambo, que es el batallón, un batallón militar con sede en el municipio de Malambo como prisión principal”.

El primero en reaccionar a esa petición fue Iván Cancino, abogado de las víctimas (en este caso el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), quien advirtió que ni el juez en cuestión, ni el centro de reclusión militar al que aspira llegar Tapia, tienen competencia alguna en la denuncia, pues tanto los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, como el proceso judicial alrededor de estos se dieron en Bogotá.

“Malambo por ninguna parte entra en el panorama de este caso y la escogencia del juez de garantías no puede ser capricho de las partes”, manifestó al respecto el defensor, durante su intervención en la audiencia.

Sobre la situación de salud se pronunció Andrea Muñoz, fiscal 70 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien recordó que Tapia ya fue dado de alta, y que incluso fue examinado por Medicina Legal, que determinó que este puede permanecer en la cárcel sin que esto represente un riesgo para su bienestar físico o mental.

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