Procuraduría solicita estudiar tutela que busca proteger a una comunidad víctima en el Chocó

La Procuraduría General de la Nación le solicitó este miércoles a la Corte Constitucional seleccionar una acción de tutela que contempla la protección de los derechos de la comunidad de San José del Palmar, Chocó, luego que fuera reconocida como sujeto de reparación colectiva por violación contra los derechos humanos de sus pobladores.

La procuradora general, Margarita Cabello, indicó que la tutela debe ser escogida por el alto tribunal debido a que están comprometidos los derechos de las víctimas, entre los que se cuentan 303 menores de edad y 68 adultos mayores, razón por la cual lo haría un asunto de relevancia constitucional.

Tomar en cuenta la tutela es “un asunto de trascendencia nacional, porque en el país existen más de ocho millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno”, indicó la jefe del Ministerio Público en la solicitud presentada ante la Sala de Tutelas No. 10 del alto tribunal.

Este recurso fue interpuesto por el personero del municipio ubicado al occidente de Colombia en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), con la intención que la entidad cumpla con 27 medidas de reparación para los pobladores de esta localidad que tiene como fecha límite el próximo diciembre, y está contemplada en el Plan Integral de Reparación Colectiva.

La Procuradora señala en la petición de insistencia que a la fecha no se han iniciado las gestiones necesarias para la construcción de una casa conmemorativa y la reubicación de una base militar del Ejército, con el fin de recuperar la cancha de fútbol para la comunidad.

Razón por la cual, señaló que se pone en riesgo la reparación integral de las víctimas y su reivindicación a la memoria histórica, debido a que faltarían tres meses para que se cumpla el plazo para ejecutar las medidas de reparación de los pobladores de este municipio.

“Por lo cual es imperioso que exista claridad sobre los deberes de las autoridades en el cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, entendidos como mecanismos especializados para la salvaguarda de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las comunidades afectadas por la violencia”, señaló la Procuraduría en la petición.

El pasado 18 de agosto se entregó el octavo informe de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De acuerdo con la Contraloría General del la Nación, la reparación integral a las víctimas requiere un esfuerzo fiscal, a 2031, de $328 billones.

Desplegando los gastos, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, detalló que la indemnización administrativa y colectiva requiere de $ 65 billones, la vivienda $ 51 billones, alimentación $ 27 billones, y retornos y reubicaciones, 15 billones de pesos.

Con respecto al acceso de vivienda urbana de las víctimas, este ha sido un proceso difícil. Entre 2012 y 2021 se han otorgado más de 107.000 subsidios de vivienda, quedando pendiente más de un millón de hogares para esta población.

“Desde el 2003 hay en cuentas de ahorro programado 21.408 subsidios de vivienda urbana, teóricamente ya asignados, por $317.113 millones y en fiducias reposan $12.375 subsidios asignados por $527.855 millones”, se lee en el informe.

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