Después de que el Consejo Departamental de Política Social del Magdalena revelara la falta de avances frente al retorno a las aulas en el departamento, la Procuraduría General de la Nación pidió a la administración regional acelerar este proceso. El órgano de control estatal aseguró este 6 de octubre que este es un interés superior para poder garantizar los derechos de los menores de edad, por lo que urge su cumplimiento. Adicionalmente, solicitó que se garantice la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de manera oportuna e ininterrumpida.
“Instamos a la gobernación a hacer efectivo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y a avanzar sin más demoras en el retorno de los estudiantes, los maestros y la comunidad educativa a la presencialidad. Por otra parte, manifestamos preocupación por la falta de prestación del servicio de alimentación escolar, que se encuentra suspendido desde el pasado 18 de julio”, denunció la Procuraduría.
Según el Consejo Departamental de Política Social del Magdalena, este territorio es el único que no tiene resultados en la prestación del servicio educativo de forma presencial. Los colegios del departamento no están abiertos y no se ha entregado un argumento válido para explicar este hecho.
En cuanto al PAE, este se encuentra suspendido desde el pasado 18 de julio, afectando a aproximadamente 135.000 niños, niñas y adolescentes beneficiarios El programa se restablecerá cuando la administración contrate un nuevo operador, proceso que tardará al menos un mes.
Es de mencionar que hay unos puntos en donde el programa de alimentación sí está activo, pero no de forma correcta. El pasado 24 de agosto la Contraloría General de la República corroboró la situación en medio de la estrategia ‘No Más Conejo al PAE’ y encontró que Magdalena tiene uno de los panoramas más preocupantes.
La Contraloría evidenció que en las cocinas y comedores de varios colegios de este departamento hay roedores, insectos y comidas en descomposición. El órgano de control hizo un llamado a las autoridades para que se pongan al frente de la situación y adecuen las instalaciones para la entrega y consumo de los alimentos por parte de los niños y jóvenes porque su salud está en riesgo.
Ya que ahora, más de un mes después, se siguen evidenciando los problemas, la Procuraduría reiteró la necesidad de garantizar los derechos de los menores. Así mismo, se asignaron funcionarios específicos de este órgano de control para que resuelvan la situación.
Por instrucción de la procuradora general, Margarita Cabello, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres adelanta especial vigilancia al cumplimiento al retorno de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad. Además, las autoridades territoriales adelantarán gestiones para que las raciones del PAE sean entregadas de manera oportuna, con el fin de garantizar la permanencia escolar de los beneficiarios.
Es importante hacer seguimiento a esta situación ya que el Estado destinó recursos públicos para garantizar el retorno a las aulas y la alimentación de los menores. De hecho, el PAE es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. Solo para este año, la Contraloría asignó a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) una suma cercana a los $990.000 millones para garantizar la entrega de comida a los niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, a inicio de año el Gobierno entregó recursos para asegurar la compra de elementos de limpieza que ayuden a mantener las medidas de bioseguridad y prevenir el covid-19 durante el retorno a las aulas. Se entregaron 400.000 millones de pesos a las entidades territoriales adscritas al Ministerio de Educación (MinEducación) para los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas.
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