Emilio Tapia, quien busca no ser trasladado a Bogotá, ofreció colaborar con la justicia

El 20 de septiembre, Emilio Tapia, vinculado al escándalo de la contratación protagonizado por el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, fue capturado en Barranquilla por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación. En las últimas horas, se conoció que, después de estar hospitalizado en la Clínica La Misericordia de la ciudad, el indiciado se encuentra en una URI y a la espera de su traslado a Bogotá. Sin embargo, este lo estaría evitando a toda costa.

Así lo confirmó El Tiempo, medio que dio a conocer su salida del centro asistencial y su paso, durante la noche del lunes, a una Unidad de Reacción Inmediata en Barranquilla. Ahí pasó la noche y este miércoles se espera que se le traslade a la cárcel Modelo de Bogotá.

Sin embargo, su abogado, Alejandro Sánchez, argumenta problemas de salud y de seguridad de Tapia. Además, pide que su defendido sea recluido en una guarnición militar en el Atlántico. Para eso, el empresario solicitó a un juez de control de garantías en el municipio de Malambo que se le concediera estar en el batallón militar, cercano a su familia ubicada en la capital del departamento.

Frente a esto, el juez rechazó la petición de la defensa e Iván Cancino, abogado del Ministerio de las TIC, resaltó que el juez no cuenta con competencias para decidir en un caso de esta talla. “Malambo por ninguna parte, su señoría, entra en el panorama de este caso. Y la escogencia del juez de garantías no puede ser capricho de las partes”, explicó.

Después de esta determinación del tribunal, se conoció que Tapia también tiene intenciones de colaborar con la justicia en la investigación de las irregularidades del contrato adjudicado a Centros Poblados. De acuerdo con Sánchez, el empresario tendría intención de aportar verdad y, a su vez, El Tiempo recogió que ya se cuenta con agenda de interrogatorios ante la Fiscalía para dar inicio al proceso de colaboración.

Sin embargo, según el mismo medio, el ente acusador no confirma ni niega que se inició el proceso de colaboración con el también vinculado al llamado ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá. A pesar del pronunciamiento, según Semana, la defensa envió un documento a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía para expresar la intención de colaboración.

Sobre la situación de salud se pronunció Andrea Muñoz, fiscal 70 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien recordó que Tapia ya fue dado de alta, y que incluso fue examinado por Medicina Legal, que determinó que este puede permanecer en la cárcel sin que esto represente un riesgo para su bienestar físico o mental.

“En este momento ya se le dio de alta y está pendiente es del traslado al centro de reclusión. Por tanto, la Fiscalía no lo considera competente usted para decidir o adelantar esta diligencia”, le dijo la funcionaria al juez 01 promiscuo municipal de Malambo. Dicha voz fue secundada por la Procuraduría, que tampoco estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de Tapia.

Valga recordar que el juez que sentenció a Tapia en primer lugar observó que la medida de aseguramiento en contra de este y sus socios es de carácter preventivo, entendiendo que existe toda una jurisprudencia que indica que hay un fin constitucional al buscar evitar “la obstrucción de la justicia, como ya se ha deprecado de todas las actividades que han hecho con el fin de ocultar y destruir evidencia, manipular los testigos, ofrecerles cosas, o incluso decir que las personas que han participado en los eventos con o sin conocimiento ahora son los responsables, y no quienes se beneficiaron en realidad el anticipo”.

SEGUIR LEYENDO: