Senador busca bonificación salarial extra para congresistas

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes cursa un proyecto de ley que busca modificar la remuneración salarial de los empleados públicos. Desde la oposición afirman que crea una bonificación salarial para los congresistas. El texto iba a ser discutido el 4 y el 5 de octubre, pero se pospuso la sesión pese a contar con quórum.

El proyecto es de autoría del senador Andrés García Zuccardi del partido de La U, y tiene como objeto modificar la ley 4 de 1992 y crear el sistema de compensación variable y por resultados en el Estado Colombiano. Este último para todos los empleados públicos, incluidos los congresistas, supuestamente con el objetivo de atraer y retener personal altamente calificado.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, se debe crear una Comisión de Expertos tres meses luego de la aprobación del proyecto, con miembros ad honorem, “para estudiar la implementación y el impacto de las mejores prácticas a nivel internacional sobre remuneración variable en la administración pública”.

La polémica surge por el artículo 4, en el que se crea el sistema de compensación variable salarial. Se trata de una herramienta que toda entidad pública del Estado “podrá implementar con el fin de lograr resultados óptimos de gestión a través de sus servidores públicos, los cuales podrán ser recompensados con una remuneración extra salarial adicional a la establecida en la ley”.

En la ponencia para primer debate se estableció que esa compensación extra no podrá constituir salario, es decir que no hará parte de la cotización a pensión. Además, que debe determinarse las metas a cumplir, la población objetivo, el monto o valor de la remuneración extra, frecuencia con la que se pagará y el presupuesto requerido para otorgarla.

La implementación de la norma deberá ser acompañada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como los recursos deben ser revisados por la Contraloría General de la República. Además, aplicará para los servidores públicos ya vinculados y será obligatorio cobijar a los nuevos, después de la expedición de la ley.

Uno de los que se ha opuesto a la iniciativa es el representante del partido Verde Mauricio Toro, quien además emitió la alerta porque podría incrementar la asignación salarial de los congresistas, una propuesta que va en contravía de la congelación o reducción de los más de 35′621.000 pesos que reciben los parlamentarios mensualmente desde 2021.

“Si se buscara implementar un verdadero sistema variable para promover y premiar mejores resultados en el sector oficial, tal como pasa en el sector privado, este proyecto también debería contemplar que a los peores funcionarios y los congresistas que no cumplan su trabajo se les pague menos; pero no, este proyecto lo que está es escondiendo es una bonificación extra para los congresistas, justo en el momento en que las finanzas del Estado y de los colombianos más perjudicadas están”, señaló Toro.

Para el representante del partido Verde, la iniciativa es inconstitucional debido a que involucra a las entidades territoriales en la fijación de los salarios para los servidores públicos, que por ley le corresponde únicamente al Gobierno nacional.

“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, en armonía y sintonía con las corporaciones públicas territoriales”, señala el texto de la iniciativa en su artículo segundo.

“Una de las partes más preocupantes es el artículo 2, que propone celada y soterradamente, involucrar a los entes territoriales en la fijación de salarios para los servidores públicos, lo cual hoy en día está expresamente prohibido. Lo peor de todo, es que el objetivo de este artículo no tiene ninguna conexión con el resto del proyecto, pero se propone justo en época pre-electoral”, agregó el representante Toro.

La Función Pública emitió un concepto respecto al proyecto en el que advirtió que se debe evaluar la disponibilidad y racionalidad de los recursos públicos, así como la política macro-económica del Estado. Además, señaló que le corresponde al Gobierno nacional y no a la Cámara de Representantes modificar la ley 4 de 1992, “y como quiera que el proyecto no cuenta con el estudio del impacto fiscal que ello deriva, esta Dirección Jurídica considera que el citado proyecto de ley tiene vicios de Constitucionalidad, por lo que se sugiere no continuar con el trámite del mismo”, agregó.

El representante Toro señaló que, en el contexto de inconformidad social y solicitudes para reducir los salarios de los congresistas, el proyecto “es inoportuno y es un golpe en la cara a la ciudadanía. No es posible que el Congreso siga legislando en interés propio y de espaldas a los colombianos”.

SEGUIR LEYENDO: