Niegan petición de Emilio Tapia de ser trasladado al batallón militar de Malambo

El contratista, Emilio Tapia, procesado por su participación en varios casos de corrupción, incluido el de la pérdida de 70.000 millones de pesos del Ministerio TIC a manos de la unión temporal Centros Poblados de la que él es socio, sigue dando de qué hablar este martes al solicitar ser enviado a un batallón militar en vez de a una cárcel.

Sucedió en la tarde de este 5 de octubre, cuando la defensa del señalado “cerebro” detrás del esquema de Centros Poblados logró que un juez de Malambo, Atlántico, atendiera su caso y estudiara la posibilidad de recluirlo en el Batallón de Ingenieros de combate número 2 General Francisco Javier Vergara y Velasco, donde ya había estado privado de la libertad en 2016 por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá.

Para ello, el abogado Alejandro Sánchez, argumentó que la seguridad de su cliente podría peligrar si llega a ser trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá, como ordenó el juez 53 de control de garantías de esa misma ciudad el pasado 24 de septiembre. También advirtió que el estado del mismo también es delicado.

“El señor Emilio Tapia está en este momento en una URI y digamos que los reportes que tenemos sobre su estado de seguridad no son alentadores”. Por ello, continuó, se solicitó que “siga o retome un centro de reclusión que está en Malambo, que es el batallón, un batallón militar con sede en el municipio de Malambo como prisión principal”.

El primero en reaccionar a esa petición fue Iván Cancino, abogado de las víctimas (en este caso el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), quien advirtió que ni el juez en cuestión, ni el centro de reclusión militar al que aspira llegar Tapia, tienen competencia alguna en la denuncia, pues tanto los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, como el proceso judicial alrededor de estos se dieron en Bogotá.

“Malambo por ninguna parte entra en el panorama de este caso y la escogencia del juez de garantías no puede ser capricho de las partes”, manifestó al respecto el defensor, durante su intervención en la audiencia.

Sobre la situación de salud se pronunció Andrea Muñoz, fiscal 70 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien recordó que Tapia ya fue dado de alta, y que incluso fue examinado por Medicina Legal, que determinó que este puede permanecer en la cárcel sin que esto represente un riesgo para su bienestar físico o mental.

“En este momento ya se le dio de alta y está pendiente es del traslado al centro de reclusión. Por tanto, la Fiscalía no lo considera competente usted para decidir o adelantar esta diligencia”, le dijo la funcionaria al juez 01 promiscuo municipal de Malambo. Dicha voz fue secundada por la Procuraduría, que tampoco estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de Tapia.

Valga recordar que el juez que sentenció a Tapia en primer lugar observó que la medida de aseguramiento en contra de este y sus socios es de carácter preventivo, entendiendo que existe toda una jurisprudencia que indica que hay un fin constitucional al buscar evitar “la obstrucción de la justicia, como ya se ha deprecado de todas las actividades que han hecho con el fin de ocultar y destruir evidencia, manipular los testigos, ofrecerles cosas, o incluso decir que las personas que han participado en los eventos con o sin conocimiento ahora son los responsables, y no quienes se beneficiaron en realidad el anticipo”.

Lo anterior, a pesar de que la defensa del acusado le recordó que su cliente ya había sido objeto de amenazas y hasta intentos de ataque en su contra en los pabellones de máxima seguridad de otras cárceles en las que había estado recluido. A pesar de ello, el togado decidió “probar” enviándolo a La Modelo, en la que todavía no ha estado encarcelado.

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