Más de la mitad de los Wayúu viven en la miseria, confirmó el DANE

La Guajira es el departamento que encabeza la lista de los más afectados y los habitantes lo atribuyen a la corrupción que se tomó la región

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Más de la mitad de las comunidades Wayúu viven en la miseria, confirmó el DANE / COLPRENSA

Hace una semana una comisión de la Corte Constitucional llegó a La Guajira para verificar el avance en el cumplimiento de la sentencia T302 de 2017 a favor de los derechos de la niñez indígena Wayúu. Los funcionarios tenían la función de visitar rancherías ubicadas en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, con el fin de corroborar que los menores de edad contaran con el acceso debido a salud, educación, agua potable y seguridad alimentaria.

Sin embargo, para nadie es un secreto que las condiciones de vida de las comunidades Wayúu son bastante precarias. De hecho, un reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), dejó al descubierto que el 53 por ciento de la comunidad indígena Wayúu vive en situaciones de total miseria.

Es más, el informe revela que el 81% de las personas tiene al menos alguna necesidad básica insatisfecha. Incluso, las brechas se profundizan aún más al analizar los servicios básicos de los que se carecen, pues solo el 22% de la población cuenta actualmente con electricidad, mientras que el 9.8 % tiene acceso al acueducto.

Ante esto, es importante destacar que hace pocos días la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que se exponen los graves casos de desnutrición en menores de edad que se presentan en estas comunidades. Es más, la Organización No Gubernamental (ONG) Nación Wayúu, emitió un comunicado señalando las causas de esta situación y dejaron claro que los hechos que se presentan en La Guajira, que es el más afectado de todos, se atribuyen a la corrupción en el mencionado departamento.

Más que el hambre y la sed, a la población wayúu la está matando la corrupción y falta de gobernabilidad”, dijo el pasado 22 de septiembre José Silva, líder indígena y presidente de la ONG Nación Wayúu.

Según el informe estatal, titulado ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, en La Guajira actualmente hay 26 casos de desnutrición, lo que representa un 22,6 % de los casos de todo el país.

Hay que mencionar que, si se analizan los datos, es preocupante que las cifras de casos de Guajira duplican a las del resto de países. El departamento que sigue en la lista del informe es Magdalena, con 11 casos (9,6 por ciento).

Nación Wayuú asegura que este hecho se debe a que la problemática de corrupción ha ido aumentando en Guajira con el pasar de los años. A la fecha, según la ONG, los habitantes de la península sienten que han sido abandonados por los gobernantes, tanto locales como nacionales. Señalan que en el orden estatal tampoco se han tomado medidas contundentes para evitar que se realicen saqueos en la región.

El sentir de las comunidades Wayúu es de un estado de abandono por el mismo estado de ingobernabilidad en el que vivimos, aunado a la corrupción sistemática que se vive en este departamento, donde solamente se voltea a mirar al pueblo Wayúu para saquearlo, pero no para traerle”, manifestó Silva.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a las autoridades para llevar a cabo una “acción conjunta y preservar así los derechos nutricionales de la primera infancia en el país”.

Nación Wayuu invitó a los líderes indígenas y políticos a “tener sentido de pertenencia con el territorio y trabajar de manera mancomunada para vigilar que los recursos lleguen hasta las comunidades necesitadas, en aras de garantizar el bienestar de toda la población”. Se recordó que esta no es la primera vez que se denuncia la desnutrición en el departamento y que se debería actuar para que ningún menor sufra esto.

De hecho, hace más de cuatro años la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302 de 2017, a favor de los derechos de la niñez indígena Wayúu y el mismo tribunal anunció que se encargaría de corroborar que, en efecto, se proteja a esta población. La tarea de verificar el cumplimiento de la normativa era del Tribunal Superior de Riohacha, sin embargo, se evidenció que hay una falta de diligencia en la actuación de este ente.

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