Investigación evidenció a la pesca y la vecindad como grandes afectadas por litigio Colombia-Nicaragua

La antropóloga María Catalina García, candidata al doctora en Geografía y Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam (Holanda), analizó las implicaciones sociolegales del caso que se está llevando a cabo ante La Haya, y que tuvo un nuevo capítulo durante las últimas semanas en audiencias donde Colombia atendió las demandas y denuncias de Nicaragua sobre una supuesta violación al fallo de límites marítimos.

De acuerdo con la investigación de García, dada a conocer por la Universidad Nacional de Colombia, la cotidianidad en torno al mar del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha cambiado durante el conflicto y ha impactado tanto los medios de vida de las comunidades involucradas como su medioambiente.

“Las consecuencias que han dejado más de dos décadas del conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua se traducen en cambios en las dinámicas espaciales entre las poblaciones del territorio étnico, impactos sobre el sustento económico de los raizales por las implicaciones en la pesca artesanal, así como inconvenientes en la implementación de acciones concretas para preservar el medioambiente marino de la Reserva de la Biósfera Seaflower”, indicaron apartes del estudio.

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Asimismo, la investigación de la antropóloga, que según describió la institución educativa, han incluido trabajo de campo tanto en el Archipiélago colombiano como en territorio nicaragüense, señala que “la disputa y el fallo de La Haya, que establece la cesión de parte del territorio marítimo colombiano a Nicaragua, ha afectado de manera considerable las dinámicas propias de este ‘maritorio’”.

Uno de los problemas que más evidenció la investigación fue el aumento de la pesca ilegal. “Desde que la Corte Internacional otorgó soberanía sobre parte de la reserva marítima a Nicaragua, ese país ha entregado licencia para explotación pesquera industrial en esta área y ha aumentado la pesca ilegal, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad del ecosistema y las poblaciones. En el lado colombiano esto también ha impedido acciones más efectivas para el cuidado de la Reserva Seaflower, y ha afectado a las comunidades de pescadores artesanales del Archipiélago”, detalla el estudio.

En ese sentido, aseguró que esto también ha impactado las relaciones entre los raizales que viven en ambos países:

El pasado 1 de octubre, finalizaron de manera oficial las audiencias en la Corte de La Haya sobre la disputa entre Nicaragua y Colombia. En estas, los magistrados del alto tribunal internacional escucharon atentamente las pretensiones del país centroamericano y la respectiva defensa de Colombia.

Cabe recalcar que, este nuevo caso se trata sobre el cumplimiento del fallo de 2012 en el que Colombia perdió el 40% del territorio que ostentaba en esa zona. Luego de dar por terminada la última audiencia, se conoció que durante esta la Cancillería recordó que Colombia “tiene derecho a una zona contigua de todas las islas del archipiélago, a la libertad de navegación y sobrevuelo, a observar y reportar las actividades ilícitas que tengan lugar en el área, y que tiene la obligación de proteger el hábitat natural de la comunidad raizal y el medioambiente marino”.

El pleito geopolítico entre Colombia y Nicaragua lleva más de 40 años generando tensiones y su sentencia oficial está próxima a cumplir 9 años de vigencia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos, emitida el pasado 19 de noviembre de 2012, le entregó al país centroamericano miles de kilómetros de mar colombiano, a pesar de haber ratificado la soberanía del país sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Sin embargo, a pesar de hacer efectivo su control marítimo, en 2013, Managua ya había vuelto a la CIJ demandando a Colombia por un supuesto “uso de la fuerza para cometer violaciones” sobre el territorio otorgado el año anterior.

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