Víctimas de ‘falsos positivos’ piden a la Comisión de la Verdad ser incluidas en su informe final

El próximo lunes, 4 de octubre, los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales más conocidos como ‘falsos positivos’ se encontrarán en la ciudad de Cali para discutir estrategias de exigencia de verdad, justicia reparación, no repetición y visibilización de los hechos, contextos, impactos, e impunidad de los ejecutados por parte del Ejército Nacional que luego fueron presentados como bajas guerrilleras en combate.

La actividad se realizará en el Boulevard del Río como preámbulo de la participación de las víctimas en el Encuentro Nacional de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales denominado por la Comisión de la Verdad “Encuentro por la Verdad”, donde personas de distintas partes del país exigirán a la comisión que estos hechos, los cuales afectaron, según la Jurisdicción Especial para la Paz, a por lo menos 6.402 familias en todo el país, sean incluidos en su informe final.

Para las víctimas, con esta acción se busca el reconociendo de que en Colombia existió una política estatal detrás de las graves violaciones a los derechos humanos que comprometen a la cúpula militar y al alto gobierno.

En el encuentro nacional esperan no solo entregar sus testimonios a la Comisión de la Verdad, sino además poner sus exigencias de verdad y justicia en el informe final y resaltar que, “estas graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado aún continúan en la impunidad, puesto que las investigaciones involucran a altos mandos militares que siguen siendo protegidos por todo el aparato del Estado, causando así revictimización en muchos de los casos y que persiste el pacto de silencio en relación con el papel de los altos mandos militares y civiles en estos hechos”.

Apenas ayer, 1 de octubre, la Corte Constitucional tomó la decisión, de manera unánime, de prolongar el tiempo de trabajo de la Comisión durante nueve meses: siete meses para el informe final, el legado y dos meses para la socialización al país.

“Recibimos esta decisión como una responsabilidad. En primer lugar, una responsabilidad con las víctimas, para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. También como una responsabilidad con la sociedad, el derecho de la sociedad a la verdad”, sostuvo Francisco de Roux, presidente de la Comisión.

Roux dijo además que buscan contribuir desde la verdad a garantizar los caminos de la convivencia y la paz en el país, y a construir desde la dignidad humana un futuro compartido para todos.

“Queremos agradecer también a las víctimas, que han puesto toda su confianza en nosotros. Y de manera muy particular queremos agradecer a todos aquellos que, con su opinión y con su participación contribuyeron a esta decisión de la Corte”, reiteró.

Sobre el caso de los ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

Los 15 miembros del Ejército (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. La Sala de Reconocimiento llama a reconocer responsabilidad a estas 15 personas.

Los imputados, en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No.2 La Popa (BAPOP) entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005. Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada. Los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar.

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