La Policía Nacional de Colombia inició una investigación interna contra la patrullera Andrea Cortés Guarín, reconocida como la primera agente de policía trans en el país, luego que fuera denunciada por el presunto hurto de una crema en un establecimiento comercial.
Los hechos que se habrían registrado el pasado 23 de junio en el centro comercial Titán Plaza, al noroccidente de la capital, fueron denunciados por uno de los empleados de la droguería, quien aseguró que la patrullera ingresó al local a las 7:35 de la noche para preguntar por unos productos de belleza y comprar una gasa y un analgésico para la migraña.
“En el momento cuando la señora (...) que la atendió se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora”, indica la denuncia del ciudadano conocida por el diario El Tiempo.
Según la denuncia, la vendedora se percató del hurto de este producto dos días después, luego de darse cuenta que hacía falta en medio el conteo de mercancía. Por este motivo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad descubriendo que vinculaba a la patrullera Cortés Guarín.
De igual manera, el diario nacional conoció que la empleada denunció ante la institución a la patrullera en una estación de Policía en la que se llevaron a cabo las audiencias de imputación de cargos y descargos, en la que Cortés Guarín no aceptó los cargos que la señalaban como responsable del hurto de la crema.
“Le digo que sí, que me la llevo. (...) Entonces la vendedora, me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del covid-19 ella no empacó. Yo soy la que guardo en la bolsa el ‘Migriñon’ y la crema, pagó y me retiro del establecimiento”, señaló la patrullera en la audiencia que conoció EL Tiempo.
A su vez, el diario conoció que algunas fuentes cercanas a este caso aseguran que el fallo que se conocerá el próximo lunes 4 de octubre es la posible destitución de la patrullera que había sido reconocida por la institución por su nuevo nombre y sexo luego que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán notificara que se debía reconocer su derecho al desarrollo libre de la personalidad, la vida digna y la igualdad.
Asimismo, llamó la atención que se le diera prioridad a este proceso, ya que se resolvió en tres meses, cuando la Policía lleva casos que podrían resultar más importantes de aclarar y resolver a los ojos de la sociedad y de la misma institución. Un ejemplo de estas demoras son las investigaciones por los presuntos asesinatos a civiles durante el paro nacional que involucran a agentes de la Policía, y el caso de los jóvenes detenidos en el CAI de San Mateo (Soacha) que murieron en medio de un incendio.
SEGUIR LEYENDO