El Juzgado Quito Laboral emitió una orden de arresto de cinco días contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y el director de Planeación del distrito de Cali, Roy Alejandro Barreras, por el desacato a una tutela que se presentó por un derecho de petición que no se resolvió.

El caso de la tutela es sobre una zona verde en inmediaciones del humedal en El Pondaje, proyecto de vivienda que se desarrolla en el oriente de la capital. El Tiempo recoge que el fallo asegura que en un documento del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la alcaldía y su administración habrían omitido estudios de usos de suelo para la parobación del proyecto urbanístico Torres de la Paz.

De acuerdo con el fallo, el lote se encuentra entre una zona de recuperación ambiental y uso sostenible del plan de manejo ambiental del humedal El Pondaje. Asimismo se dijo que en la administración anterior se promulgó una resolución que omitía la condición de zona verde y la alcaldía nueva no argumentó el porqué de esta situación.

El Alcalde y los demás funcionarios también tendrán que pagar una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes, por lo que la directora jurídica de la Alcaldía de Cali, María del Pilar Cano se pronunció al respecto.

La funcionaria también sostuvo que es necesario que se surta el grado jurisdiccional de consulta ante el Juzgado Noveno Laboral de Circuito.

”En otras palabras, esa sanción no se hará efectiva hasta que se profiera la decisión del superior jerárquico. Tenemos para decir que ya se dio la respuesta al peticionario, según lo solicitado, y que igualmente presentamos memorial, demostrando el cumplimiento del fallo judicial”

Por último, pidió que se archive el incidente y revocar la medida sancionatoria de multa y arresto.

”Hay que precisar que el superior jerárquico tiene un plazo de tres días para pronunciarse (...) Tenemos la firme convicción de que al acreditarse el cumplimiento de la sentencia de tutela en los términos ordenados, el operador constitucional que revisa la actuación deje sin efectos la sanción”.

Luego del escándalo que enfrentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por contratar a 40 jóvenes de la denominada ‘primera línea’ para realizar labores de construcción en la capital del Valle del Cauca, la Procuraduría General de la Nación anunció el pasado 29 de agosto que le abrirá una indagación preliminar al mandatario.

Ospina, que se enfrentó a las críticas que varios concejales y ciudadanos caleños le hicieron por apoyar a varios de los responsables de bloqueos, desmanes y otros hechos delictivos durante el paro nacional en Cali, deberá responder ante el Ministerio Público bajo qué modalidad vinculará laboralmente a los implicados.

En el estudio que analizará el ente dirigido por la procuradora, Margarita Cabello, se investigarán las posibles irregularidades en las que el burgomaestre incurrió al entablar nexos entre la Alcaldía local y los manifestantes en mención.

En ese sentido, la Procuraduría adelantará pesquisas y pruebas que determinen si hay legalidad en los contratos laborales celebrados entre ambas partes; por esa razón le exigieron a la administración local cotejar “certificación en la que conste las razones de hecho y de derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la administración miembros de la primera línea a la alcaldía”, reza el auto de la institución, donde se solicitan, además, “estudios de necesidad y conveniencia si los hubiere”.

Valga recordar que el alcalde Ospina salió a defender la iniciativa hace algunos días donde aseguró que todos los jóvenes, indistintamente de su clase en la sociedad, deben tener oportunidades.

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