Este 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que inició un caso contra el Estado colombiano, por la presunta responsabilidad del asesinato de José Edilberto Hurtado en Cali, Valle del Cauca. El comerciante fue victima primero de extorsiones y amenazas por parte de las extintas Farc, quienes en 2003 lo asesinaron.

El informe asegura que el comerciante fue victima de estos cobros en su negocio en la galería Santa Helena en Cali, pero siempre se negó a pagarlos y a que otros comerciantes si cedieran a los chantajes y fueran a la Policía a buscar apoyo.

Luego de esto, las Farc quemaron un asadero en la vía a Jamundí y luego lo citaron a que explicara por qué no pagaba las “vacunas”. Esto lo conocía la Policía, que aseguró no poderlo cuidar, por lo que tuvo que pagar escoltas privados. Las Farc también habrían intentado secuestrar a la familia del comerciante, por lo que tuvieron que refugiarse en Panamá.

Por ahora, según el informe, el asesinato de José Edilberto Hurtado no se ha resulto, pues no se sabe quiénes fueron sus asesinos materiales y tampoco se ha reparado a la familia, razón por la cual la CIDH aceptó el caso.

El Estado colombiano no quería que el caso se aceptara en la CIDH, pues aseguraban que la familia quería convertirla en una “cuarta instancia internacional”.

Recientemente se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 5 de septiembre de 2021, frente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Arles Edisson Guzmán Medina, quien desapareció en Medellín el 30 de noviembre de 2002.

De acuerdo con el informe de Fondo la Comisión se determinó que se trató de una desaparición forzada tomando en cuenta que fue raptado de un restaurante por dos personas identificadas como paramilitares, supuestamente para ser interrogado por un comandante, durante la operación Orión, encabezada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Respecto al elemento de intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales, tales como el vínculo ya acreditado por la CIDH y la Corte IDH entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública en Colombia, el contexto específico de colaboración en la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos, así como la actuación de la fiscalía y agentes estatales en el presente caso”, asegura el comunicado de prensa.

La Comisión tomó en cuenta que el control de la zona por grupos paramilitares en ese año fue posible justamente por medio de la ejecución de la Operación Orión, ocurrida a finales de octubre de 2002, semanas antes de la desaparición de la víctima.

“En el marco de dicho operativo se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. Órganos nacionales, así como autoridades judiciales en el marco de la jurisdicción de justicia y paz, indicaron que la operación fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional”, agrega la publicación.

Así mismo el órgano internacional asegura que con respecto de la negativa de reconocer la detención, se observó que, en el contexto de consentimiento en el que se dieron los hechos no consta que el Estado haya realizado diligencia alguna para proporcionar una respuesta sobre el paradero de la víctima.

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