“Jamás hice llamadas”: senadora Daira Galvis niega vínculos con el escándalo de Centros Poblados

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar a los senadores caribeños Antonio Zabaraín, Armando Benedetti, Daira Galvis y Mauricio Gómez Amín por supuesta participación en el escándalo de corrupción protagonizado por la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Esto, a raíz de dos denuncias hechas por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.

Frente a la investigación y acusaciones del veedor, en medio de la sesión plenaria mixta del pasado miércoles, la senadora Galvis fue clara al negar cualquier vínculo con el caso de corrupción e incluso desmintió posibles llamadas sostenidas con Karen Abudinen, exministra de la cartera en cuestión.

“Primero, jamás hice llamadas ni he ejercido presiones a la exministra Karen Abudinen. Mucho menos a ningún otro funcionario del Estado y menos de MinTIC, para abogar o defender el entuerto y desfalco de Centros Poblados”, aseveró la legisladora cartagenera del Cambio Radical.

Incluso, la senadora se refirió a Karin Stefania Pupo, quien figuró como representante legal de ICM Ingenieros, empresa miembro de Centros Poblados, hasta el mes de agosto. También se determinó que la mujer trabajó en la UTL de la senadora Daira Galvis, quien, según declaraciones recientes, no conocía el vínculo de su excolaboradora con la compañía.

“Laboró para mi Unidad de Trabajo Legislativo en 2018. Ignoro totalmente sus vínculos y relaciones con las personas y empresas que hacen parte del consorcio Centros Poblados”, aseveró en la plenaria.

Además, frente a las denuncias de Bustos, Galvis aseguró que no hay pruebas que evidencien una supuesta defensa al contrato firmado por el consorcio y anunció que accionó legalmente contra el veedor. “En ejercicio a mi derecho al buen nombre, presenté denuncia criminal contra las falsas acusaciones del señor Bustos y otras personas que han intervenido para distraer el tema central. De los desfalcadores y los miembros del gobierno que pudieron participar”, señaló.

“En conclusión, nunca he intervenido ni he conocido sobre este abominable desfalco. No tengo rabo de paja y presumo que hay muchos interesados en desviar la investigación como cortina de humo para tapar las faltas que se han cometido”, dijo, refiriéndose directamente a la opinión pública.

Sobre la denuncia a los legisladores, Bustos, veedor que evidenció los posibles vínculos, aseguró que la misma “se instauró porque ha escalado el nivel de claridad sobre la posible participación de estos parlamentarios en el caso. Solicitamos la investigación judicial de alto nivel para determinar el papel de los aforados y para que se otorguen los principios de oportunidad”, dijo, según recogió El Colombiano.

En el caso del senador que se vinculó al Pacto Histórico, en la mañana del 27 de septiembre, a través de sus cuentas de Twitter, Abudinen aseguró que Benedetti la había llamado para intermediar en el contrato de Centros Poblados.

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, escribió la exfuncionaria en su perfil.

La acusación de Abudinen sobre Benedetti llegó luego de que el senador, también en esa red social, asegurara: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, sentenció, el mismo día, el exmilitante del Partido de la U.

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