Durante esta nueva legislatura, los congresistas colombianos tendrán que debatir una nueva normativa: la Ley de Acción Climática que busca que el país reduzca sus emisiones de carbono para el año 2050. El proyecto fue radicado este 29 de septiembre por el mismo Gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y apoyado por los Ministerios del Interior; Transporte; Minas y Energía; Vivienda, Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural; y Comercio, Industria y Turismo.
“Por primera vez, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental, presenta el proyecto de Ley De Acción Climática, que será la hoja de ruta para alcanzar las metas climáticas al 2030 y trazar el camino a una Colombia Carbono Neutral al 2050!, informó el Gobierno a través de redes sociales.
Se detalló que este proyecto tiene 6 títulos y 24 artículos entre los que se encuentran las metas nacionales para la carbono-neutralidad y la resiliencia climática. Así mismo, contiene medidas para el logro de las metas del país en materia de mitigación del cambio climático, las disposiciones para la promoción y el desarrollo de los mercados de carbono y la implementación, el seguimiento y la financiación de dichas metas.
Todo lo planteado, según MinAmbiente, ayudará a disminuir el 51 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero, cero deforestación, protección de áreas marinas y terrestres en un 30 por ciento y la restauración de más de 960.000 hectáreas de bosque, todo esto al año 2030. Así mismo, se espera lograr la transición energética y movilidad sostenible pronto para así disminuir 11 millones de toneladas de desechos producidos desde los sectores de minas y energía.
“Esto ayuda a construir el nuevo modelo económico, social y ambiental que el país necesita. También va a generar nuevos modelos de negocio, nuevos empleos, que es el reto que tenemos todos los países de recuperación poscovid. Muchas de las acciones que contempla este proyecto se enfocan hacia esos indicadores. Es un proyecto de ley muy ambicioso, mucho más amplio, que incorpora 196 acciones dentro de las cuales hay acciones de mitigación, de adaptación, y esto es lo que hoy se está marcando hacia Glasgow en la COP26″, dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se destaca que además de los ministerios, al proyecto también están vinculados el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); el Instituto Humboldt y el Instituto Sinchi. Así mismo se espera vincular poco a poco al sector educativo ya que la Ley de Acción Climática también pretende incorporar en la educación formal primaria y media temas relacionados al medioambiente.
La normativa ha sido celebrada por el Gobierno y algunos congresistas, sin embargo sectores de oposición siguen criticando la gestión medioambiental de la administración de Iván Duque. La crítica principal está relacionada con la demora para ratificar el Acuerdo de Escazú.
Justo este 27 de septiembre los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Antonio Sanguino y Abel David Jaramillo presentaron una acción de cumplimiento para que se impulse cuánto antes el Acuerdo. Durante una rueda de prensa, los políticos dijeron que con este llamado pretenden llamar la atención del Gobierno para que tomen en serio la defensa del medioambiente.
“Hoy radicamos una acción de cumplimiento para obligar al presidente de la República y a sus ministros, para que radiquen con mensaje de urgencia la ratificación del tratado de Escazú, que como se sabe es un instrumento fundamental para la protección de los defensores del medioambiente y proteger el medio ambiente de los peores efectos del cambio climático”, aseguró el senador Iván Cepeda durante la rueda de prensa.
Además, de Cepeda, Valencia, Sanguino y Jaramillo, la acción de cumplimiento también es apoyada por Camilo Niño, integrante de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), y Mayerly López y Elizabeth Muñoz, defensoras ambientales en los departamentos de Santander y Tolima, respectivamente.
Se recordó que el Acuerdo de Escazú es fundamental para establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales como la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado.
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