La iniciativa proponía el cambio del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia por el siguiente enunciado, “El derecho a la vida es inviolable a partir del momento mismo de la concepción. No habrá pena de muerte”, motivo por el cual legisladores de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votaron para archivarla en primer debate con una votación de 13 votos a favor versus 10 en contra.
El hundimiento del proyecto de Acto Legislativo número 161 de 2021, titulado “derecho a nacer”, ocurrió un día después de que activistas colombianas solicitaran a la Corte Constitucional la eliminación del delito de aborto en el Código Penal.
Colombia solo permite el aborto bajo tres causales desde 2006: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
Estas causales fueron traídas a colación en las discusiones en Cámara cuando el proyecto de aborto fue discutido, dado que los legisladores interpretaron que la modificación del artículo 11 abriría la puerta para una nueva causal, a todas luces un retroceso en las libertades de las mujeres.
Para Juanita Goebertus, el hundimiento de este proyecto de ley está en sintonía con las luchas que distintos colectivos están llevando en Colombia para alcanzar la despenalización del aborto. En su discurso en Cámara, la representante afirmó:
Es evidente que por vía de esta reforma constitucional querían echar para atrás la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha avanzado en el reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, que ha establecido una serie de causales y que ha insistido, una y otra vez, que el derecho penal no es el camino para evitar que existan embarazos no deseados: es la educación y la construcción de proyectos de vida
El archivo del proyecto de acto legislativo no fue de buen recibo para algunos representantes de la bancada de gobierno, como Margarita Restrepo, quien insistió que la oposición buscaba “desfigurar” una iniciativa en pro de la vida humana además de respetar las tres causales que rigen en Colombia desde 2006.
En sus palabras:
El objetivo de este proyecto era darle potestad al Gobierno Nacional para que presente un proyecto de ley estatutaria, que sería objeto de debate en esta comisión, con un único objetivo: el de salvaguardar el derecho a la vida del bebé, a la salud de la madre y al bienestar de la familia
Para Restrepo, la iniciativa era clara en solicitar al gobierno que “se debe respetar la vida desde la concepción misma, pero respetar los tres casos de excepción”.
Ángela María Robledo, quien fue la representante que radicó la proposición de archivo, dicha iniciativa, promovida por la “bancada antiderechos del Congreso de la República, pretendía criminalizar la condición de embarazo de una mujer cuando quería abortar incluso bajo las tres condiciones reconocidas por la Corte Constitucional”.
Fueron congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, Colombia Justa y Libres y Cambio Radical quienes presentaron el proyecto que fue hundido en Comisión Primera de la Cámara.
Un informe de la Mesa por la Vida difundido en 2021 indica que entre 2006 y 2019 fueron condenadas o sancionadas por el delito de aborto 346 personas, siendo las menores de edad entre 14 y 17 años las más “perseguidas y sancionadas”, al representar el 12% de los casos.
Carmen Cecilia Martínez, gerente regional del Centro de Derechos Reproductivos, consideró que falta mucho para llegar a la despenalización total pero los pasos que está dando la sociedad colombiana son alentadores con respecto a la meta final:
“Creo que Colombia es uno de los países que progresivamente se ha ido alineando con los estándares internacionales de derechos humanos... pero al mismo tiempo solo si, por ejemplo, la corte efectivamente elimina el delito será un verdadero referente y ejemplo a seguir en relación con los derechos reproductivos en la región”.
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