Desplazamiento forzado se ha duplicado en Colombia: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este jueves una carta manifestando su preocupación por el aumento de los casos de desplazamiento interno forzado en Colombia. En la misma, hizo un llamado para que el Estado adopte medidas que permitan prevenir las causas que hay detrás de ese fenómeno, así como a garantizar la protección y seguridad de los afectados.

Dicho documento no se emite de manera gratuita. De hecho, el organismo internacional advierte que a pesar de que existen tres estrategias para enfrentar el desplazamiento (la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables y el Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional) se siguen registrando cifras preocupantes.

Para ello, citan el informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Acnur, que indica que en Colombia había para finales de 2020 8,3 millones de personas desplazadas, siendo la nación con la cifra más alta en el mundo. Luego está el de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que asegura que la cifra aumentó en un 135 % entre enero y agosto de 2021, frente a 2020, con al menos 57.100 personas desplazadas en 110 eventos causados principalmente por amenazas directas de grupos armados.

La CIDH también acudió a los reportes de la Defensoría del Pueblo, que indican que durante el primer semestre de este año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo —el doble que en 2020— en los que participaron 44.290 personas.

Dichas organizaciones, agregaron, coinciden en que los municipios Roberto Payán y Magüí (Nariño), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca) entre otros de los departamentos de la costa pacífica y la zona noroccidental del país serían los más afectados por este fenómeno. Eso, sin dejar de lado otros como Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan (Chocó).

“La CIDH observa con preocupación la magnitud del desplazamiento individual y familiar, el cual, de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, si bien por su naturaleza es de difícil registro, termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos. Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, advirtió el organismo.

A renglón seguido, se señala que para las organizaciones de la sociedad civil la respuesta que ofrece el estado no sería adecuada a la dimensión del fenómeno; ni garantiza una efectiva protección de derechos a las víctimas de desplazamiento interno. Las denuncias van desde escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, hasta la expansión de los grupos armados y la reducción del presupuesto para la atención de contingencias, entre otras.

Tampoco desconoce el documento el impacto diferenciado del desplazamiento interno sobre las mujeres. “Una vez que las mujeres fueron desplazadas se enfrentan también a necesidades y problemas específicos derivados de su condición de mujer”, advierten, el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual o los obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.

Así, y entendiendo que el desplazamiento interno forzado constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos la CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir con las obligaciones de:

1) prevenir el desplazamiento

2) proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento

3) prestar y facilitar la asistencia humanitaria

4) adoptar medidas de retorno, reasentamiento o reintegración local, en condiciones de seguridad

5) garantizar que toda medida que se adopte para la protección de los derechos de las personas desplazadas incorpore el enfoque de género y diversidad, y considere las necesidades y los impactos específicos para los grupos en situación de discriminación histórica

Con todo, la entidad manifestó que Colombia debe redoblar sus esfuerzos para la formulación e implementación de políticas públicas que transformen efectivamente las causas estructurales de la violencia en el país, mediante acciones integrales que garanticen tanto el derecho a la vida, la seguridad y a la justicia, como el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población desplazada.

Igualmente, “hace un especial llamado al Estado para fortalecer las medidas dirigidas a dar cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, en el entendido que éste constituye una herramienta idónea para enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país”. Por último, la Comisión reiteró que está dispuesta a colaborar en este proceso a través de sus mecanismos de cooperación técnica.

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