Denuncian desfinanciación del programa de sustitución voluntaria en el Presupuesto Nacional de 2022

El congresista José Daniel López explicó que se estarían afectando a más de 28 mil familias campesinas que necesitan de esta y una inversión mayor para continuar con uno de los pilares del Acuerdo de Paz

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Fotografía de un campesino que camina por un cultivo de coca, mientras se realiza un acto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño (Colombia). EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo
Fotografía de un campesino que camina por un cultivo de coca, mientras se realiza un acto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño (Colombia). EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

El representante a la Cámara por el partido Conservador, José Daniel López, denunció este jueves que el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (PNIS) estaría cerca de ser desfinanciado por cerca de $347 mil millones. El congresista argumenta que esto se debe revisar dentro del proyecto de ley del Presupuesto Nacional de 2022 que tramita el Gobierno en el legislativo.

“La historia comenzó en la pasada reforma tributaria: parlamentarios del @CeDemocratico metieron proposición de última hora para cambiar la destinación del impuesto al carbono. Antes de la reforma, el 70 % de ese recaudo iba para la implementación del Acuerdo de Paz”, inició explicando López.

Luego continuó diciendo que el monto ya no va para el PNIS sino para un fondo ambiental, “así se embolataron $347 mil millones que iban para asistencia técnica y proyectos productivos de familias que, contra viento y marea, le siguen apostando a la sustitución de cultivo ilícitos”, denunció.

José Daniel López explicó que al proyecto de restitución le faltan más de $1.1 billones para completarse y que disminuir ese valor para el próximo año lo va a ralentizar. El PNIS es uno de los pilares del Acuerdo Final de Paz, tanto así que la Corte Constitucional exige que sea una de las alternativas previas e implementadas antes de solicitar la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito.

“Este es el caso clásico de cómo los ciudadanos de a pie terminan pagando los platos rotos de una pelea política. ¡No hay derecho!”, explicó.

Glifosato en Colombia

El pasado 21 de abril, en una sesión de más de cuatro horas, se archivó el proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la Política Nacional de Drogas. Pero en julio, poco más de tres meses después, 46 congresistas de diferentes bancadas volvieron a radicar la iniciativa.

El propósito del proyecto es “preservar el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano de todos en todos los territorios del país”, prohibiendo “el uso del uso de glifosato y sus derivados”. Además, propone dar prioridad a la estrategia de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, junto con garantizar proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros o forestales para los campesinos cultivadores.

La iniciativa buscaría ponerle freno a la intención del gobierno de Iván Duque de regresar a esta práctica para erradicar cultivos de uso ilícito, que se hizo latente el pasado 12 de abril con la expedición de un decreto para su reactivación. La aspersión con glifosato, cabe anotar, fue suspendida mediante la resolución 006 del 29 de mayo de 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE); en ese entonces, la Organización de las Naciones Unidas (OMS) clasificó al herbicida como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Los que se fumigarían, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, el 12 de abril, “son cultivos de grandes extensiones, son más de 53 mil hectáreas que ha determinado la Policía y están localizados en varios departamentos del país, como en el sur oriente colombiano. También está en la zona de Norte de Santander y otra parte en el Bajo Cauca”.

Ahora bien, quienes radicaron el proyecto de ley consideran que los costos de invertir en sustitución y erradicación voluntaria son menores que el glifosato. Aproximadamente se invertiría 40 millones por familia, un total de 2,9 billones. Para ellos, además de ser una medida sostenible en el tiempo, implicaría que merme la violencia en poblaciones donde las estructuras criminales luchan por el poder de los cultivos ilícitos.

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