La Procuraduría General de la Nación solicitó a la juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla revocar la prisión domiciliaria concedida a Emilio José Tapia Aldana por el ‘carrusel de la contratación’, al advertir burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones como condenado, luego de que se conociera que se trasladó a Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otras ciudades, sin la debida autorización legal.
En el oficio enviado, el Ministerio Público solicitó a la juez que ordene a Tapia Aldana seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El requerimiento se presentó a raíz de la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país, para adjudicar la contratación que se firmó entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados.
Para la Procuraduría, estos viajes estarían ocasionado “desconocimiento por parte del señor Emilio José Tapia Aldana de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad.”
La periodista de W Radio, Paola Herrera, encontró que Tapia Aldana sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal. La empresa participó en 2017 y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.
Precisamente, a Intec de la Costa fue a quien se le encargó la obtención de los documentos para la presentación de garantías con el MinTIC, según la UT. Y en esta empresa aparece el nombre de Fernando Lorduy Fernández, al cual señalan como ex cuñado de Tapia.
Otro de los puntos en los que lo ligan es por presuntamente sostener encuentros con el empresario, Jorge Molina, en medio del trámite de las garantías, las cuales fueron identificadas como falsas por parte del Banco Itaú.
Razón por la que la Procuraduría pidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se “aperturen las correspondientes investigaciones penales en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas”.
Cabe destacar que, bajo el caso del ‘carrusel de la contratación’ y a solicitud del Ministerio Público, en el año 2020 le fue revocada a Emilio Tapia una libertad condicional concedida por el mismo juzgado de Barranquilla, sin embargo, el hombre permanecía en su domicilio y desde allí, al parecer, ejecutaba los contratos que hoy son materia de investigación.
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