Fiscalía embargó 37 bienes relacionados con el desfalco a la salud en Chocó

Las propiedades, producto de la corrupción, tendrían un valor de más de 2.800 millones de pesos. Además de los ocupados en Quibdó, se identificaron inmuebles en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca

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Fiscalía embargó 37 bienes relacionados con el desfalco a la salud en Chocó. Foto: Fiscalía
Fiscalía embargó 37 bienes relacionados con el desfalco a la salud en Chocó. Foto: Fiscalía

Efrén Palacios Serna, exgobernador del Chocó, habría participado en la celebración irregular de siete contratos para entregar medicamentos con sobrecostos en el departamento. Sin embargo, las autoridades dieron con que, sin los fármacos, el mandatario pagó deudas de su campaña política y el desfalco a la salud se estimó en hasta 2.000 millones de pesos.

Casi cuatro años después de las indagaciones al funcionario público, la Fiscalía General de la Nación anunció que se impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a 37 bienes vinculados con el escándalo de corrupción del departamento. De acuerdo con el ente acusador, las propiedades están avaluadas en cerca de 2.800 millones de pesos y las mismas habrían estado al servicio del entramado criminal.

Según el último reporte del ente acusador, se determinó que Palacios Serna, quien fungió como gobernador entre 2013 y 2015, “aprovechó su llegada al cargo para suscribir en medio de supuestas irregularidades siete contratos para el suministro de medicamentos de alto costo para población vulnerable y desfavorecida”, aseveró el ente acusador.

De acuerdo con Liliana Patricia Donado Sierra, directora especializada de Extinción de Derecho de Dominio, la administración suscribió contratos con siete droguerías y seis Instituciones Promotoras de Salud (IPS) para suministrar los servicios y medicamentos a la población del Chocó. Sin embargo, los indicios apuntan a que los productos fueron pagos, a pesar de no haber cumplido lo acordado.

Las propiedades, producto de la corrupción, tendrían un precio de más de 2.800 millones de pesos. Además de los presentes en Quibdó, los inmuebles están dispersos entre los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca

De esta forma, se impuso medida cautelar a 26 inmuebles urbanos, 6 sociedades y 5 establecimientos de comercio. Los mismos se encontraban en Quibdó, Medellín, Turbo, Urabá y Cali, en departamentos ubicados al occidente del país.

Después del operativo de la Fiscalía, apoyado por el Ejército Nacional, los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para ser administrados.

En 2016, la Fiscalía determinó que Palacios Serna sabía qué estaba haciendo y de qué forma adjudicaba los contratos que presentaron irregulares y abrieron la puerta al desfalco.

“Palacios Serna era consciente, de la forma en que se venía gestando el trámite y la celebración de los contratos, y que en ese momento debía asegurar el pago antes de las elecciones, por eso expidió resoluciones sin mayor verificación sobre las condiciones en que se encontraban las cuentas de cobro y ordenó el pago sin que el servicio hubiese sido efectivamente prestado”, recogió, en ese momento, El Espectador.

Fiscalía creará unidad contra la deforestación y crímenes ambientales en Colombia

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que creará una unidad contra la deforestación y demás crímenes ambientales en Colombia con el acompañamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Este anuncio lo dio el fiscal general, Francisco Barbosa, junto al representante en Colombia de Usaid, Lawrence J. Sacks, con el que firmó un memorando de entendimiento que busca robustecer la capacidad institucional para la investigación y judicialización de los responsables de crímenes ambientales en el país.

“Es un trabajo que reafirma el compromiso y la lucha a favor de nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, busca atacar la minería ilegal, la tala de árboles y la siembra de cultivos ilícitos que ha generado múltiples problemas en esta zona del país”, señaló el fiscal general durante el evento.

Por tal razón, el ente investigador conformará la Unidad contra la Deforestación que operará desde San José de Guaviare, departamento de Guaviare, en la Amazonía colombiana, con el fin de hacerle frente a diferentes los delitos contra los ecosistemas y recursos naturales que se presentan en el territorio nacional con el apoyo técnico de USAID.

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