Una nueva emergencia humanitaria se registró en las comunidades indígenas de siete veredas ubicadas en los alrededores de Dabeiba, Antioquia, donde aproximadamente 977 personas pertenecientes a 286 familias tuvieron que desplazarse hasta el resguardo Pueblo Nuevo tras amenazas de grupos armados ilegales.
Otra de las razones que llevaron a estas comunidades a dejar sus veredas fue la siembra de minas antipersonales en los caminos, la cual les impedido cultivar la tierra.
“Las minas antipersonas en sus caminos no les han permitido a ellos trabajar la tierra y sus proyectos; y sobre todo las amenazas que tienen de los grupos al margen de la ley, por lo que todos se desplazaron a un sitio desde las siete veredas”, manifestó el director de la Unidad de Víctimas de Antioquia, Wilson Córdoba.
Asimismo, Córdoba anunció que ya se puso en marcha el plan para ayudar con alimentos a las comunidades desplazadas, las cuales tuvieron que recorrer casi tres días de camino hasta llegar la cabecera municipal de Dabeiba.
“Estamos atendiendo el confinamiento de los indígenas de Dabeiba. A través de un helicóptero de una consorcio que siempre nos ayuda cuando pasan estos casos, este miércoles 29 de septiembre ya logramos empezar a entrar los alimentos para ayudar a la comunidad que está desplazada”, detalló Córdoba.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en esta zona de Antioquia y en los municipios aledaños se reportó presencia de diferentes grupos armados como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc con su Frente 36.
“La disputa armada entre las AGC y el FGO del ELN; por el control de la cadena productiva del narcotráfico y la minería ilegal en el Cañón de la Llorona, los corregimientos de Cruces, San José de Urama y Camparrusia en el municipio de Dabeiba. Así como por las acciones de expansión y contención de las AGC y el ELN hacia zonas que fueron controladas por las FARC-EP. Esto con grave afectación a los pueblos ancestrales indígenas y comunidades campesinas de este municipio”, advirtió la Defensoría.
Cabe recalcar que el pasado 26 de septiembre, la diócesis de Istmina y Tadó (Chocó) lanzó una advertencia sobre el desplazamiento forzado de las diferentes comunidades en Medio San Juan y Bajo Baudó.
De acuerdo con la iglesia católica, la comunidad indígena Wounaan estaría saliendo de su territorio debido a los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln. Serían unas 1,200 personas de 250 familias que llegaron hasta Puerto Olave escapando de la violencia.
El monseñor Fabio Álvarez, obispo de la diócesis de Istmina- Tadó, aseguró: “En Puerto Olave están hacinadas todas estas personas, podrán imaginarse entonces la crisis humanitaria que están viviendo y la ayuda que necesitan. Hago un llamado suplicante a todo Colombia y a todas las comunidades internacionales que tienen como responsabilidad vigilar los derechos humanos para que por favor hagan presencia y evitemos males mayores”.
Finalmente, dijo que la situación en la zona es de suma preocupación, pues los actores armados usan a las comunidades como escudos para protegerse.
“Llega un momento en que un armado, al tomar una población, impide que haya salida de los habitantes. ¿Por qué? Porque los convierten en escudos humanos, porque les interesa tenerlos ahí para que a través de ellos se disuada al grupo contrario o sean ellos los que los que paguen ante una confrontación. Todo apunta hacia esa posibilidad de un genocidio, de muertes comunitarias”, agregó.
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