Consejo de Estado admite demanda que solicita anular elección de Carrasquilla como miembro de Banrepública

La demanda de nulidad electoral dice que con la llegada de Carrasquilla al banco emisor se estaría violando la ley de cuotas de género

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Foto de archivo. El exministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, atiende una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 10 de agosto, 2018.  REUTERS/Carlos Julio Martinez
Foto de archivo. El exministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, atiende una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 10 de agosto, 2018. REUTERS/Carlos Julio Martinez

Este 28 de septiembre, el Consejo de Estado admitió la demanda que pide declarar nulo el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la junta directiva del Banco de la República y solicita que sea removido de manera provisional del cargo.

Además, el Consejo de Estado trasladó la demanda contra el exministro de Hacienda a la presidencia de la República y al Ministerio del Interior, quienes tendrán que argumentar y defender la decisión de poner a Carrasquilla en ese puesto y así, evitar que el alto tribunal permita la suspensión provisional.

El 5 de octubre, el magistrado, Luis Alberto Álvarez, deberá decidir sobre esta medida cautelar. La demanda de nulidad electoral dice que con la llegada de Carrasquilla al banco emisor se estaría violando la ley de cuotas de género.

De hecho, en el artículo 4 de la ley se señala que, “la participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público (...) se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2., serán desempeñados por mujeres; b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres”.

En la acción jurídica se le pide al máximo tribunal que anule la designación del exministro como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República y suspenda, de manera inmediata, los efectos del acto por medio del cual el presidente Iván Duque lo designó.

De acuerdo con información de RCN Radio, el asignado para llevar el caso es el magistrado, Luis Alberto Álvarez Parra, quien deberá definir en los próximos días si admite o no para estudio la demanda y además, si decide aprobarla, avalar o no las pretensiones presentadas por el abogado demandante para suspender el acto mientras se emite un fallo de fondo.

Este tipo de demandas han sido recurrentes contra el actual Gobierno. En el mes de febrero, Juan Pablo Alvis, estudiante de Derecho, junto con otros dos compañeros, presentó una demanda para revocar al ministro del Interior, Daniel Palacios, argumentando que se estaría incumpliendo la cuota de género del Gobierno Nacional.

Actualmente, en el gabinete solo hay cinco ministras y lo que exige la ley de cuotas es que mínimo seis Ministerios deben estar ocupados por una mujer. La ley dice que el 30% de los Ministerios deben estar ocupados por una mujer y el 30% de 18 es 6″, expuso en ese momento el demandante y agregó que “la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha dicho que la cuota que exige la ley es específica y no global. Es decir que la cuota no aplica para todos los cargos que tiene que nombrar el presidente, sino para cada tipo de cargos.

Cabe recordar que Carrasquilla salió en mayo de la cartera de Hacienda, mediante un comunicado de prensa en el que se argumenta su renuncia teniendo en cuenta la necesidad de un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano, debido a la reforma tributaria que intentó presentar y encendió la indignación de millones de colombianos que salieron a la calle durante varios meses.

“Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, manifestó Alberto Carrasquilla.

En el documento se lee que, pese a la salida de Carrasquilla, es indispensable darle continuidad a los programas de protección social y económico que comenzaron desde marzo pasado. “En la ausencia de una reforma gradual y ordenada en la tributación la estabilidad macroeconómica del país se vería sumamente comprometida”, dice el comunicado.

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