Congresistas piden garantías para Jimmy Moreno, dirigente social detenido por supuestas relaciones con el Eln

En el preámbulo a las marchas convocadas por asociaciones sindicales y colectivos sociales fue detenido el máximo dirigente del movimiento Congreso de los Pueblos, Jimmy Alexander Moreno, en Popayán la mañana del 28 de septiembre.

Ante el hecho, la organización se pronunció afirmando que la detención de Moreno era parte de una “persecución judicial” así como un montaje realizado por las autoridades para “la persecución y estigmatización del gobierno colombiano contra los líderes y lideresas sociales”.

En versión recogida por Blu Radio, la captura de Moreno sería el resultado de computadores incautados al extinto alias ‘Fabián’, cabecilla del ELN dado de baja por el Ejército en operativos en el departamento del Chocó.

Tras conocerse la noticia, varios congresistas como Iván Cepeda, Feliciano Valencia y David Racero, pidieron garantías para el líder comunal capturado.

“Se ha caracterizado por su liderazgo ambiental en contra de los proyectos de extracción minera en el páramo de Santurbán. Jimmy fue uno de los líderes de la movilización ‘100 mil voces por el agua’, vocero y líder barrial en la organización Ciudad en Movimiento, red de liderazgos y actualmente se desempeña como vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular”, señalaron los parlamentarios.

Así mismo, hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que otorgue todas las garantías procesales en las causas penales contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, y que el proceso contra Jimmy Moreno se adelante de manera competente, independiente e imparcial, con el fin de evitar investigaciones injustificadas y demoras procesales.

También manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan los líderes e integrantes del Congreso de los Pueblos. Dicen que durante los últimos cinco años, varios de sus integrantes han sido estigmatizados, judicializadas y judicializados, privados de su libertad, sometidos a procesos judiciales prolongados contrarios a las garantías del debido proceso y, en la mayoría de los casos, liberados ante la falta de pruebas en su contra.

“Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados asegurar que las autoridades no manipulen el poder punitivo y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a los líderes sociales”, señalan los congresistas entre los que también están Wilson Arias, Gustavo Bolívar y María Angela Robledo.

Por su parte, el Congreso de los Pueblos explicó que la aprehensión de Moreno se suma a los múltiples señalamientos, estigmatizaciones, y montajes judiciales como parte del genocidio político estatal contra el movimiento social y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país para desarticular la movilización y las acciones sociales que buscan la defensa de la vida y de los territorios.

“Prueba de ello son los casos de montajes judiciales más recientes contra los compañeros Robert Daza, Teófilo Acuña y Adelso Gallo, así como contra el compañero José Murillo, privado de la libertad desde hace 21 meses en la cárcel la Picota de Bogotá”, dijo ese movimiento.

“Nuevamente estamos enfrentando un hecho de persecución política y jurídica. Nuestro compañero fue detenido pero no conocemos los detalles, lo que sí sabemos es que este hecho se suma a los múltiples señalamientos y montajes judiciales contra el movimiento social y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país”, aseguró Magaly Pino integrante del Congreso de los Pueblos y quien aseguró que no es el primer caso de este tipo contra la organización.

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