Juan Carlos Montes, más conocido como el hombre del ‘petrovideo’, quien es buscado por las autoridades colombianas y del cual no se conocía su paradero hace dos años, tras la revelación de un video en que se ve al actual senador Gustavo Petro, recibiendo dinero, fue hallado en la ciudad de Berna, Suiza, lugar en el que no pudo ser capturado, pues Colombia no tienen convenio de extradición con dicha nación.
Tras la revelación del paradero de este hombre, se recuerda que Montes aún tiene cuentas pendientes con la Fiscalía colombiana por presuntos actos de corrupción cuando trabajó como subdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), al momento de construir un parque metropolitano en la localidad de Bosa, tema por el cual el pasado 22 de julio de 2021, el juez 58 penal con función de control de garantías declaró a Juan Carlos Montes, como persona ausente y le imputó el delito de contrato sin cumplimento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo.
El señalado, estaba siendo buscado por cielo y tierra desde el 28 de diciembre de 2018, cuando se esfumó después de revelarse el escandaloso video que fue llamado ‘Petrovideo’, que fue grabado en octubre de 2005 y que se reveló en medio de un debate de control político sobre Odebrecht, en el que participó el exfiscal Néstor Humberto Martínez en noviembre de 2018, por la senadora Paloma Valencia.
Ante la revelación del lugar en el cual se encuentra Juan Carlos Montes, tanto la Interpol como la Policía están en la búsqueda de mecanismos de cooperación que permitan el envío de Montes al país, a pesar que entre Suiza y Colombia no existe un tratado formal de extradición.
De este caso, el pasado 19 de junio, la revista Semana reveló las declaraciones que entregó Montes al ente acusador sobre por qué grabó el momento en el que le entregaba dinero a Petro.
“Hay dos razones, yo soy una persona que me gusta llevar como secuencias, me gusta llevar digamos como actas en la vida. Entonces me pareció como para la historia tenerlo. Y dos, porque había notado en el senador Petro, pues cierta displicencia en algunos momentos con algunas personas, pero sin ningún pensamiento, sin ningún objetivo de hacer nada con él (...) ni de venderlo ni de extorsionarlo ni nada de eso”, contó en este momento el exfuncionario de la alcaldía.
Asimismo, el fiscal que interroga a Montes, le pregunta si tenía alguna intención con extorsionar al político con ese video, a lo que respondió: “El video no se graba ni se lleva para extorsionarlo ni para nada de eso, yo le dije en un momento determinado que había sido displicente con algunas cosas, entonces le mostré a Petro el video después de que yo salgo de la Unidad de Mantenimiento Vial, pero no más... y ya se lo mostré, pero él no le dio trascendencia muy grande”.
En el testimonio que publicó Semana, se lee que la Fiscalía también interrogó a Montes sobre el origen del dinero que se ve en el video. Esto respondió: “Esos son recursos que Simón Vélez gestiona con sus amigos oligarcas (...) Simón da la instrucción que se le entregue a la persona que trabaje con él y esa persona me la entrega a mí por allá en la Séptima, en donde venden las loterías”. Y agregó: “La plata no es que sea de Simón, que digan que él sacó de su plata, pensaría yo. Sino que uno de los aportantes o varios recogieron ese recurso y ya”.
El interrogado añadió cómo fue que grabó exactamente esa polémica escena: “La cámara estaba visible, una cámara análoga (...) esas cámaras que prácticamente quedan automáticas de cassette pequeño, se colocó sobre una mesa, se puso ahí y se grabó”, señaló.
Con respecto a la cuenta pendiente que tiene Montes con la Fiscalía, sobre un contrato para la construcción de la primera fase del Parque Metropolitano Porvenir, en Bosa, en el suroccidente de Bogotá, se sabe que ese contrato, cuyo valor ascendió a 19.000 millones de pesos, fue suscrito el 24 de noviembre de 2015 y tenía una vigencia de un año. Sin embargo, las obras pactadas fueron entregadas a finales de 2019.
De acuerdo con la Fiscalía hay indicios de que en la fase precontractual, supuestamente, se vulneraron los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Al parecer, no hubo estudios de mercado ni de población y el contrato habría sido direccionado al consorcio Porvenir 2015.
De otra parte, la Fiscalía estableció que el contrato de interventoría del proyecto del construcción del parque, presuntamente, fue celebrado con un instituto adscrito a la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, que estaba impedido para contratar con el Estado porque tenía vigente una suspensión.
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