Emcali denunció a socio de Emilio Tapia ante la Fiscalía

Tras confirmarse las irregularidades en dos contratos suscritos a inicios de este año entre Empresas Municipales de Cali (Emcali) y Proctor Construcciones S.A.S, la organización encargada de los servicios públicos en la capital del Valle del Cauca confirmó que llevará el problema a los estrados judiciales.

La decisión fue confirmada por el gerente de la empresa, Juan Diego Flórez, quien reconoció que ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Según le dijo a Red+ Noticias “vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, respecto a los contratos que tenían una carta falsa por parte de un consorcio. Además de eso le vamos a pedir a la Fiscalía que se constituya a Emcali como víctima de este proceso”.

Es preciso recordar que el Banco Itaú confirmó lo contrario: los documentos nunca fueron emitidos por ellos revelando que la empresa Proctor Construcciones S.A.S se ganó dos contratos de manera fraudulenta.

El proceso investigativo de la Fiscalía dio a conocer que hay una relación cercana entre el capturado Emilio Tapia, presunto responsable tras el Caso MinTic y Herles Rodrigo Ariza, representante legal del Consorcio Clarificación Puerto Mallarino, que llevó a cabo obras de intervención en la planta de tratamiento de aguas residuales que provee agua potable a Cali.

Los contratos eran uno por 1.140 millones de pesos y el otro por 725 millones de pesos y los certificados de crédito fueron presentados en febrero de este año por Clarificación Puerto Mallarino y Renovación Puerto Mallarino. El banco Itaú determinó que la firma del banco fue imitada y que la sociedad Proctor Construcciones S.A.S. no es cliente de esa entidad.

En ese sentido, Flórez manifestó que “le hemos pedido a la Contraloría Distrital que por favor haga una revisión exhaustiva de esos dos contratos para que se nos diga por parte del ente fiscal el comportamiento de los mismos”.

Lo anterior, entendiendo que los pagos referentes a ambos están suspendidos desde el pasado 23 de septiembre, por decisión de la propia Emcali, entendiendo que desde entonces existía una sospecha sobre la idoneidad de los documentos bancarios.

En ese momento, la empresa de servicios públicos había informado que “ni un solo pesos de los recursos de EMCALI se ha visto comprometido”.

A pesar de ello, los contratos en cuestión continuarían vigentes por lo menos hasta que se tome una decisión judicial al respecto, pues según explicó el abogado asesor de la gerencia, Hernando Morales, Emcali no está cubierta por la Ley 80, por lo que no tiene competencia jurisdiccional para caducarlos. Sólo podría hacerlo en caso de incumplimiento, cosa que no ha sucedido, y no cuando se presentan problemas de pólizas, como es la realidad actual.

Según le explicó a El Tiempo, “por ello, después de la respectiva denuncia, se citará a los contratistas para efectos de las acciones legales pertinentes y tomar decisiones relacionadas con la continuidad de los contratos. Si no hay acuerdo, se acudiría a los jueces que son los que tienen que definir si hubo o no los delitos que se están denunciando”.

Con todo, la empresa confirmó que tomará todavía más medidas en pro de aclarar la situación: la idea de ser reconocidos como víctimas, dijo Flórez, tiene el objetivo de poder colaborar con la justicia entregando todas las pruebas necesarias; además, se contratará una auditoría externa para revisar todas las cartas de crédito y documentos similares que se hallan recibido este año.

“También le hemos pedido a la Oficina de Control Interno Disciplinario que arranque una investigación para que se visualice cuál pudo haber sido el error interno en el procedimiento de verificación de la carta”, concluyó el gerente.

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