Corte Suprema abre indagación contra cuatro senadores salpicados en escándalo de MinTic

Tras recibir denuncias distintas por parte de dos veedurías ciudadanas que piden investigar supuestas intervenciones para que no se caducara el polémico contrato entre el Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, la Sala De Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra cuatro senadores.

Se trata de Armando Benedetti (antes partido de la U), Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), los cuatro mencionados en las supuestas llamadas que recibió la exministra, Karen Abudinen, para que no caducara el contrato.

Una de las denuncias fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER.

“¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”, reaccionó Benedetti a la decisión de la Corte.

Funcionarios del ministerio y congresistas habrían recibido 16 mil millones

En diálogo con Noticias Caracol, la parlamentaria por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, se refirió acerca de los dineros que se han perdido por cuenta de los malos manejos del anticipo de $70 mil millones de pesos, que tenían como fin hacer la implementación de la red de internet para zonas alejadas de Colombia, con el fin de tener comunicaciones en tiempo de pandemia.

Según Miranda, al menos cinco congresistas tenían la tarea de evitar que el contrato con Centros Poblados caducará, por lo cual habrían recibido dineros, sin embargo, ella no hizo la revelación de los nombres de estos políticos, pero sí dio a conocer a qué partidos pertenecen.

De acuerdo con la denuncia de la representante, la función de estos senadores era “primero, presionar a la ministra para que no caducara el contrato y para que lo cediera; y segundo, en la votación de la moción de censura, para que muchos se retiraran y así no prosperara la misma”, reveló al noticiero.

Por otro lado, también descifró en lo que se han gastado 20 mil millones de pesos, de los 70 mil que se dieron de anticipo, los cuales han sido gastos que no tienen nada que ver con el objetivo del contrato, el cual eran para comprar insumos de tecnología que requería el proyecto.

Inicialmente, Miranda señaló que, hasta el momento, se conoce que la empresa Novotic, empresa de Juan Carlos Cáceres, la cual es la única que en realidad tenía experiencia en servicios de tecnología, y por otro lado están otras tres empresas “fachadas” de Emilio Tapia: Intec de la Costa, ICM ingenieros y Omega Buildings, de las cuales destacó que ICM Ingenieros, la cual tiene como representante legal al cuñado del exgobernador Álvaro Cruz, condenado por el ‘Carrusel de la Contratación’.

Tras darse a conocer la desaparición de dinero, Juan Carlos Cáceres hizo un acercamiento con la Fiscalía e hizo algunas revelaciones al prender su ventilador y dio a conocer algunos gastos.

En primer lugar, según lo dicho por la parlamentaria Miranda, Cáceres habría revelado que todo el dinero iba por mitad con Tapia, del cual él dispuso en pagos de garantía bancaria, compras a una empresa llamada Nuovo Security, la compra de una apartamento, un préstamo para alguien de su familia y un giro para temas personales entre otros gastos.

Miranda destacó que el gasto de estos dinero no tiene nada que ver con la compra de insumos para llevar a cabo el proyecto de construir los puntos de red en las zonas más apartadas del país, “estamos hablando que los gastos por parte de Cáceres ascienden a los 10.728 millones de pesos”.

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