Corte Constitucional se trasladó a La Guajira para verificar acceso a los derechos básicos de los niños wayuú

Una comisión de la Corte Constitucional ya está en La Guajira para verificar el avance en el cumplimiento de la sentencia T302 de 2017 a favor de los derechos de la niñez indigena wayuú. Desde este 27 de septiembre los funcionarios estarán en las rancherías ubicadas en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia para corroborar que los menores de edad cuenten con el acceso debido a salud, educación, agua potable y seguridad alimentaria.

Durante esta última semana de septiembre los funcionarios de la Corte estarán realizando las actividades de seguimiento, pero desde esta primera jornada se notaron las carencias que padece la niñez indigena wayuu. Información preliminar indica que la pila pública de Arroyo Limón y de Porky, en la comunidad de Guarralaskatshi, en Manaure, y las unidades comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no logran cubrir todas las necesidades de los menores.

Se espera conocer más información esta semana, especialmente el próximo viernes cuando debe emitirse el resultado de la inspección judicial que adelanta la Corte Constitucional. Entretanto, las autoridades consideran que no se puede perder más tiempo, razón por la cual se ordenó una jornada de salud de manera urgente en el barrio tres de abril, en Uribia.

Señalan que es imperativo que se comiencen a ejecutar acciones concretas en pro de la niñez Wayuu y en línea de cumplir con la sentencia T302 porque ya han pasado más de cuatro años desde que fue emitida y aún no se han hecho avances respecto a ella. La tarea de verificar el cumplimiento del fallo era del Tribunal Superior de Riohacha, sin embargo, se evidenció que hay una falta de diligencia en la actuación de este ente. Por lo tanto, el 25 de marzo pasado se conoció el Auto 042 de 2021 en el que se asegura que la Corte Constitucional se encargaría de verificar la situación.

“Únicamente en casos excepcionales esta Corporación puede asumir la competencia para verificar el cumplimiento de sus propias sentencias y dar trámite al incidente de desacato, por ejemplo, cuando a pesar de las actuaciones ejercidas por el juez de primera instancia la desobediencia persiste, o cuando, por el contrario, este no adopta medidas conducentes”, afirma la Corte Constitucional en el Auto 042 de 2021.

Tanto las organizaciones encargadas de hacer la veeduría como la Corte Constitucional, indicaron que en todo este tiempo no se ha consolidado un plan de acción para cumplir el fallo; ni siquiera se ha establecido una mesa de diálogo para escuchar a las comunidades indígenas y sus autoridades.

Ahora se espera que se adelante la etapa de verificación de acciones y que otros entes estatales también participen y garanticen los derechos de los menores wayuú. El Ministerio del Interior, por ejemplo, debe asegurarse de que la comunidad indígena tenga la sentencia T-302 de 2017 en su lengua nativa, es decir, en wayuunaiki. La Corte Constitucional señaló que esa entrega deberá quedar evidenciada a través de registro audiovisual.

La Presidencia de la República, Supersalud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Prosperidad Social y las autoridades locales también tendrán injerencia en el proceso. Estas oficinas deberán enviar informes sobre la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.

En cuanto a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, tienen la tarea de hacer cumplir lo dispuesto en el fallo. Además, tendrán que emitir un informe de cómo va el proceso.

Cabe mencionar que la implementación de lo ordenado por la Corte Constitucional en 2017 es aún más relevante en estos momentos que el mundo sufre los efectos de la pandemia por el covid-19. La contingencia podría haber profundizado los problemas de los wayuu y vulnerado los derechos de más niños de esta comunidad indígena.

De hecho, la semana pasada la Defensoría del Pueblo emitió un informe estatal titulado ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, donde señala que La Guajira es el departamento que encabeza la lista con más casos de desnutrición en menores de edad. Actualmente, se reportan 26 casos de desnutrición en esa región, representando un 22,6 por ciento de los casos totales en el país.

Hay que mencionar que si se analizan los datos, es preocupante que las cifras de casos en La Guajira dupliquen a las del resto de país. El departamento que sigue en la lista del informe es Magdalena, con 11 casos (9,6 por ciento).

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