Iglesia católica advierte por desplazamiento de 1,200 indígenas en Chocó

Este 26 de septiembre, la diócesis de Istmina y Tadó (Chocó) lanzó una advertencia sobre el desplazamiento forzado de las diferentes comunidades en Medio San Juan y Bajo Baudó.

De acuerdo con la iglesia católica, la comunidad indígena Wounaan estaría saliendo de su territorio debido a los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln. En total serían unas 1,200 personas de 250 familias que llegaron hasta Puerto Olave escapando de la violencia.

El monseñor Fabio Álvarez, obispo de la diócesis de Istmina- Tadó, aseguró: “En Puerto Olave están hacinadas todas estas personas, podrán imaginarse entonces la crisis humanitaria que están viviendo y la ayuda que necesitan. Hago un llamado suplicante a todo Colombia y a todas las comunidades internacionales que tienen como responsabilidad vigilar los derechos humanos para que por favor hagan presencia y evitemos males mayores”.

Asimismo, dijo que la situación en la zona es de suma preocupación, pues los actores armados usan a las comunidades como escudos para protegerse.

Por ahora, la situación está siendo atendida por la alcaldía de Istmina, pero esta no tendría los recursos suficientes para poder atender de manera eficiente la emergencia humanitaria.

La iglesia pidió el envió de medicamento y alimentos a la zona, donde la situación agudiza la violencia sobre todo a las comunidades asentadas ene l río San Juan.

A inicios de agosto al menos 1.444 personas pertenecientes a comunidades afrodescendientes se encontraban en situación de desplazamiento y 1.391 confinadas.

Defensoría del Pueblo ya había advertido violencia en Chocó

La Defensoría del Pueblo emitió un reporte alertando sobre la situación en el municipio de Bajo Baudó, al occidente del departamento del Chocó. Carlos Camargo, líder de la institución, aseguró que los grupos armados ilegales se encuentran accionando en la zona de Playa Linda y Puerto Galve, cercando a miembros de comunidades indígenas que habitan el lugar.

“Es lamentable que a pesar de la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, se consumaron las situaciones de riesgo y de vulneración de los derechos humanos en Bajo Baudó, especialmente en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve que están en este momento confinadas por las acciones de los grupos armados ilegales”, indicó el defensor del Pueblo.

A su vez, la autoridad informó que ya hay intimidación y ataques contra los principales líderes y lideresas sociales. Entre ellos, recientemente, se reportó el ataque a Guillermo Itucama Ortiz, habitante del resguardo del río Orpua. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la zona se vive una grave situación de orden público y esto se evidencia en los tiros con fusil que impactaron al líder de 38 años cuando se dirigía de regreso a su casa en Playa Linda.

De acuerdo con la vocería indígena, el sujeto recibió un disparo en el hombro en la tarde del 23 de agosto y fue hasta el día siguiente que una ambulancia fluvial entró a la zona para trasladarlo a un centro asistencial. De acuerdo con la Defensoría, se coordinó, junto con la Fuerza Pública, una evacuación de Itucama de la zona para atender sus heridas.

Según Camargo, son 4.679 personas pertenecientes a 984 familias de 14 comunidades indígenas. En el momento, más específicamente, están confinadas por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Para protegerlos, el defensor solicitó medidas urgentes por parte de las autoridades.

“Nuestros equipos en el territorio han evidenciado que existe un alto riesgo de desplazamiento masivo, sobre todo en las comunidades de Playa Linda y Puerto Galve, que están cercadas por los grupos armados, lo que se suma a otros hechos de violencia reportados en la zona. En este momento preparamos el informe sobre la consumación del riesgo que ya había sido advertido”, continuó Camargo, según el reporte de la institución.

Según el funcionario, desde el pasado 26 de julio existe un oficio de consumación del riesgo que se hizo llegar a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) del Ministerio del Interior. Esto ya habría sido advertido en una alerta compulsada el pasado 9 de julio de 2020.

En dicho documento, se manifestó “la necesidad de adoptar medidas necesarias y efectivas de prevención y urgente protección de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad e integridad personal de la población que habita en los Resguardos indígenas del Río Purricha, y Pavasa, y las comunidades de Belén de Docampadó, Playa Sivirú, San Andres de Usaragá, Terrón, Birrinchao, Agua Clara, Villanueva y Pizarro (cabecera) en el del municipio del Bajo Baudó”, indicó el comunicado. Esto, también producto de la intensificación de la disputa territorial entre el Eln y las Agc.

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