Denunciante de la exministra Abudinen a la espera de la actuación del fiscal Gabriel Jaimes para solicitar su cambio

Luego de que el periódico El Espectador revelara que la denuncia en contra de la exministra Karen Abudinen, por el escándalo de contratación del Ministerio que tuvo a su cargo, la estudiaría el mismo fiscal que argumentó que se debe archivar la investigación al expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos, en el informativo de televisión Noticias Uno consultaron con el propio denunciante de la exfuncionaria del gobierno del presidente Iván Duque.

“La señora ministra debe responder y pagar las consecuencias de esa falta de previsión, precaución y prevención”, dijo a ese noticiero Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial Cartagena, autor de la acusación.

En este sonado escándalo, por el que Abudinen terminó renunciando a su cargo, se señala que un billonario proceso licitatorio -con el que se pretendía llevar internet a las zonas rurales del país y de esta forma pudieran estudiar los niños y adolescentes que habían en esos lugares-, hubo acciones irregulares como la de haber presentando documentación falsa para hacerse a la licitación, por la cual se adelantaron 70.000 millones de pesos y que ahora están en riesgo de perderse.

En Noticias Uno aseguraron que Urueta también ha iniciado procesos similares en varios casos de connotación nacional, y en esta ocasión lo hizo contra la exministra Abudinen, a la cual no le habían abierto una investigación de oficio en el proceso judicial que ya se inició y en el que resultaron capturados Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, señalados de fraguar la documentación falsa, y en el que hasta terminó involucrado Emilio Tapia, quien fue condenado a 17 de cárcel por el desfalcó a Bogotá en el sonado caso del carrusel de contratación.

En Noticias Uno destacaron también que Urueta era la cabeza de esa entidad y por ende de todo el proceso licitatorio y de adjudicación, por eso debería responder penalmente. “Para nosotros hay un presunto prevaricato por omisión”, reiteró.

También indicó que está a la espera de que Jaimes realice su actuación en el proceso, y de acuerdo a eso decidirá que acciones legales tomaría, de las que no descartó, indicaron también en Noticias Uno, como la impugnación para que los saquen del proceso.

“Vamos a esperar a ver cual es la primera actuación del señor fiscal, porque sino lastimosamente lo tendremos que denunciar”, advirtió.

El representante de la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena también sostuvo que por parte de la Procuraduría tampoco hay garantías en la investigación disciplinaria que le llevan a Abudinen, ya que por un lado es allegada a la exministra y además fue funcionaria del gobierno del presidente Iván Duque antes de asumir la dirección del ente de control.

“Queremos esperar el debido proceso”, concluyó Urueta.

Solicitud de preclusión del caso Uribe

Precisamente está pendiente de una decisión final en la justicia ordinaria el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, donde supuestamente se buscaba que antiguos integrantes de las extintas Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) declararan en contra del senador Iván Cepeda y aseguraran que el congresista les ofreció beneficios a cambio de que ellos acusarán al exmandatario de estar implicado en la creación de grupos paramilitares en el país.

Una juez de la República tiene que decidir el próximo mes si acoge la petición de Gabriel Jaimes de precluir este caso, el más importante a nivel judicial en estos momento en el país, y que llegó a sus manos luego de que el también exsenador Uribe renunciara a su curul, que lo obligaba a responder ante la Corte Suprema de Justicia.

Según este fiscal no hay méritos para procesar a Uribe ya que los testigos en su contra, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su otrora compañera sentimental mintieron y entregaron pruebas incompletas a la Corte Suprema.

Además señaló que el dinero que le entregaron a otros testigos contra Iván Cepeda provenían del abogado Diego Cadena, y no de Álvaro Uribe, quien tampoco lo habría ordenado y habría tenido injerencia en ello.

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